El paso atrás de la Generalitat respecto a la celebración de la consulta solivianta a ERC

A medida que la fecha de la consulta en Cataluña se acerca, las discrepancias entre CDC y Unió salen a relucir hasta el punto de ofrecer un nuevo capítulo cada semana. Los intentos de Unió por recuperar la centralidad política chocan frontalmente con los socios de gobierno en la Generalitat, ERC, y, por extensión al resto de formaciones pro consulta. La vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega (UDC), abrió ayer la caja de Pandora cuando deslizó la posibilidad de aplazar la consulta en caso de que el Estado o el Tribunal Constitucional (TC) la prohibiesen. A tenor de las reacciones que suscitó, los comentarios de la vicepresidenta enervaron a ERC.

«Una negativa no mata nada, lo aplaza», señaló Ortega, y, por lo tanto, si el Estado impide la consulta en la fecha prevista habrá «otro 9-N». La vicepresidenta, en declaraciones a RAC1, respondía así a la dirigente de ERC, Marta Rovira, quien la semana pasada abogó por la desobediencia en caso de que finalmente se prohíba. «Como Gobierno lo que no podemos hacer es actuar al margen de la ley», añadió. A su juicio, «no hay ninguna fuerza política, y estoy convencida, que tenga voluntad de gobierno, que no sea residual ni que tenga voluntad de ser residual puede pedir o querer actuar al margen de la ley». Aún así, Ortega defendió la legalidad de la consulta; una legalidad que, según dijo, no debe considerarse en términos de «legalidad catalana o española, sino simplemente legalidad». En este sentido, apuntó que este aval jurídico podría venir por la vía de la Ley de Consultas, que ultima la Generalitat y que podría entrar en vigor en septiembre.

El portavoz de ERC en el Congreso, Alfred Bosch, y futuro candidato a la Alcaldía de Barcelona, replicó a la vicepresidenta que la voluntad del pueblo catalán expresada democráticamente «pesa mucho más» que las decisiones del TC. Bosch destacó que, hasta el momento, tanto la Generalitat como su presidente, Artur Mas, han cumplido con lo pactado, pero alertó de que un cambio de rumbo en la hoja de ruta soberanista fijada «puede acabar divorciándonos de lo que quiere el pueblo catalán, y creo que el Govern tampoco quiere esto». Según Bosch, la consulta soberanista «no es solo un pacto entre partidos» sino, sobre todo, con el pueblo catalán, que es quien ha dado un mandato al Parlament.

Mientras, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, integradas en la campaña «Ara es l'hora» (Ahora es la hora, en alusión a uno de los versos del himno catalán), dejaron claro que no renunciarán a la consulta por una decisión del TC y aseguraron que la consulta «está legitimada» por el amplio apoyo que ha recibido por parte de la sociedad y de la cámara catalana. «De ninguna de las maneras podemos aceptar que el TC condicione una votación democrática. La consulta es el instrumento democrático y transparente que tenemos, y no renunciaremos a ella por una sentencia del TC», subrayaron.

Ortega, preguntada por la posibilidad de unas elecciones plebiscitarias en caso de que la consulta no se celebre, no quiso pronunciarse al respecto. «Lo que está previsto es que tenemos que votar. No me haga ir más allá», dijo Ortega. Aun así, reconoció que tiene previsto reunirse «discretamente» con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en septiembre.

El PSC, por su parte, aprovechó para pescar en río revuelto y su portavoz, Esther Niubó, aseguró que la consulta «sólo» se podrá celebrar si es legal y fruto de un acuerdo entre los gobiernos español y catalán, lo que calificó de «posición sensata».