El plan anticorrupción está listo para ir ya al Consejo de Ministros

El Gobierno lo tiene ya todo listo para mover ficha en materia de corrupción. El pasado lunes el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, aprovechaba la apertura del año judicial para incidir en que la lucha contra la corrupción calibra la salud del sistema y la confianza que genera en el ciudadano. También dio la voz de alarma sobre las consecuencias de una respuesta que no sea «solvente y tempestiva». Las cifras son realmente escandalosas. Según la memoria de la Fiscalía de 2012, los casos por corrupción crecieron un 151 por ciento en los últimos tres años.

En este escenario, en La Moncloa han terminado ya el diseño del paquete normativo con el que quieren endurecer los controles y la respuesta a los casos de corrupción. El origen de este proyecto está en uno de los momentos más álgidos de la polémica que acompaña al «caso Bárcenas». A principios de año, cuando se conoció parte de la fortuna que el ex tesorero del PP Luis Bárcenas acumulaba en el extranjero, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se intentó sacudir la presión mediática y de la opinión pública con el anuncio de que su Ejecutivo impulsaría un ambicioso plan de reformas –que afecta hasta a seis leyes– para endurecer la respuesta del Estado de Derecho a la corrupción.

En estas medidas ha estado trabajando Moncloa, en colaboración con los otros ministerios afectados, especialmente Justicia. Y el trabajo está ya listo para ser tramitado este mismo viernes en el Consejo de Ministros. Pero la decisión final está pendiente de la reunión de hoy de la comisión de subsecretarios.

Las reformas afectan a seis leyes, con un doble objetivo: reforzar el control de los políticos y de los partidos, y acelerar la respuesta y la eficacia judicial frente a los casos de corrupción.

Entre las iniciativas destaca la regulación de la figura de los tesoreros, que quedarán obligados a una comparecencia anual ante el Parlamento. También se regulan los procedimientos de contratación por parte de los partidos y la publicidad de las subvenciones. Los partidos tendrán que presentar sus cuentas en un registro público.

En paralelo, el Gobierno ha incluido como delito la financiación ilegal en el nuevo Código Penal.

Asimismo, se reforma la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas para ampliar la fiscalización de las donaciones, los ingresos y los gastos de los partidos y de sus fundaciones; la ley de contratos del sector público; y la ley de enjuiciamiento criminal para agilizar los procedimientos judiciales y ampliar el periodo de prescripción de los casos de corrupción.

El paquete normativo incluye una ley de funciones políticas, que establece la obligación de realizar auditorías a los cargos públicos al final de su mandato, regula la publicación de las declaraciones tributarias de bienes y de actividades y establece las retribuciones de todos los cargos públicos de la Administración General del Estado.

Negociación

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, pondrá en marcha una mesa de trabajo a la que invitará a los grupos de la oposición para negociar la tramitación parlamentaria de estas reformas legislativas. En esta negociación tendrá un papel central el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón.

La prueba definitiva del alcance de estas reformas se librará en las Cortes Generales. Todos los partidos invocan «mano dura» en el plano teórico, pero ahora tendrán que «mojarse» a la hora de asumir nuevos controles y exigencias. Habrá que ver, por ejemplo, qué posición adoptan las formaciones nacionalistas ante la propuesta de que todos los tesoreros comparezcan en la sede de la soberanía nacional para rendir cuentas de sus actividades.

Las principales medidas

Mayor control y transparencia

Se regulará la figura del responsable de la gestión económica de los partidos, que tendrá que rendir cuentas periódicamente ante el Congreso de los Diputados. Además, la ley reguladora de funciones políticas, regulará la publicación de las declaraciones tributarias de bienes y actividades de sus señorías.

Endurecimiento de penas

La reforma incluirá el endurecimiento de las penas asociadas a delitos relacionados con la corrupción, incluyendo nuevas figuras como la financiación ilegal. Asimismo, se mejorará el control de la falsedad deliberada de las cuentas públicas, así como el enriquecimiento injustificado y deliberado de los cargos públicos electos.

Fin de las subvenciones opacas

Los partidos no recibirán subvenciones si las cuentas no se presentan a su debido momento. Además, se pone fin a la opacidad de las ayudas y se mejorará el régimen sancionador en materia de financiación, así como se prevé la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas para ampliar la fiscalización de las donaciones.

Fin a la contratación de condenados

Se reforma la ley de contratos del sector público para fortalecer el régimen de prohibiciones de contrataciones con el sector público a todas las personas –físicas o jurídicas– condenadas por delitos relacionados con la corrupción. Además, se agilizarán los procedimientos judiciales de este tipo de delitos.