El Pleno de la Audiencia verá la Justicia Universal

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tendrá la última palabra sobre el archivo de las causas abiertas en este tribunal en aplicación de la Justicia Universal tras la reforma legislativa que obliga a su sobreseimiento. La decisión fue adoptada ayer por unanimidad por los 18 magistrados que componen el Pleno a iniciativa del presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska.

Y es que la negativa de los jueces de instrucción a dar carpetazo a las investigaciones en marcha de forma retroactiva, una medida que consideran inconstitucional, permite atisbar una catarata de recursos ante las distintas secciones de lo Penal. Para evitar resoluciones contradictorias y promover la unificación de doctrina, Grande-Marlaska impulsó la celebración de este Pleno, que sin entrar en el fondo de la cuestión, sí ha acordado que sean los 18 magistrados que lo componen, y no cada una de las cuatro secciones, quienes se encarguen de resolver los recursos de apelación que se eleven a la Sala.

La decisión del Pleno se produce después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz se haya negado a archivar la investigación de la muerte en Irak del cámara de televisión José Couso en 2003 y de que la Fiscalía se haya mostrado favorable a remitir a la Sala de lo Penal tanto esta causa como la investigación del genocidio en el Tíbet (en la que están imputados los ex presidentes chinos Jiang Zemin y Hu Jintao) para que decida si deben archivarse, en cumplimiento de la reforma legislativa, o, por el contrario, procede plantear un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC).

No sólo Pedraz, su compañero Fernando Andreu también ha abierto la posibilidad de recurrir al TC al plantear a las partes personadas en dos procedimientos de Justicia Universal (el genocidio de la etnia hutu en Ruanda y Congo entre 1994 y 2000 y el ataque israelí contra un campo de refugiados iraníes en Ashraf en 2009) que se pronuncien «sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad» de la reforma legislativa que limita estas investigaciones.

La respuesta de los jueces

Antes, otro juez de instrucción, Eloy Velasco, también despachó idéntico trámite en la causa en la que investiga el asesinato en El Salvador de seis jesuitas españoles, entre ellos Ignacio Ellacuría, en 1989. Por su parte, el juez Pablo Ruz también ha dejado en manos de las partes el archivo de los cinco procedimientos que mantiene abiertos en aplicación del principio de Justicia Universal por torturas en Guantánamo (Cuba); el secuestro y asesinato en Chile del diplomático español Carmelo Soria en 1976; el supuesto genocidio en el Sáhara; el ataque israelí a la flotilla de la libertad en Gaza y las presuntas torturas infligidas a 28 miembros del Frente Polisario.

El pasado 19 de febrero, los fiscales de la Audiencia Nacional, reunidos en junta extraordinaria, mostraron su «preocupación» por el alcance de la modificación legislativa que, en su opinión, no sólo cercena la posibilidad de perseguir delitos relacionados con violaciones de Derechos Humanos fuera de nuestras fronteras, sino que también «limita notablemente la investigación y persecución de actividades delictivas especialmente graves de carácter transnacional» como el terrorismo, el tráfico de drogas, la piratería, la trata de seres humanos y el secuestro de aviones, entre otros.

Según el Ministerio Público, la reforma sólo generará «más espacios de impunidad» en la persecución de estos delitos y, al mismo tiempo, «puede afectar de forma muy negativa a la entrega de delincuentes por el mecanismo de extradición».