El portavoz de los «okupas» fue juzgado por el cerco al Parlament catalán

En medios catalanes causó ayer una gran sorpresa que, durante una rueda de prensa celebrada por la Plataforma de Apoyo a Can Vies, uno de los portavoces, en concreto el que representaba al Colectivo Can Vies, se presentara como Pau Guerra, cuando, según fuentes conocedoras del asunto, consultadas por LA RAZÓN, se trata de Rubén Molina Marín, uno de los que fueron juzgados en la Audiencia Nacional por el cerco al Parlament de Cataluña.

Para acreditar este, en apariencia, inexplicable cambio de nombre, aportaron la fotografía del acto que tuvo lugar ayer en la Ciudad Condal, en el que apareció «Pau Guerra», y el de la de la misma persona, durante el referido juicio. Además, se da el caso de que Molina Marín fue uno de los arrestados por aquellos hechos y, por lo tanto, es de sobra conocido por los Mossos D'Esquadra.

En la última jornada del juicio por el asedio al Parlament, Marín avisó el pasado 5 de mayo de que «la gente va a seguir saliendo a la calle. Queremos luchar y cambiar las cosas porque el futuro está muy negro». «Mis amigos están en paro, cobran un sueldo con el que no pueden vivir o han abandonado la carrera porque no pueden pagar las tasas», añadió.

Esta persona exigió la dimisión del alcalde de Barcelona, Xavier Trias, «por su prepotencia y cinismo», de «teatralizar» para fingir un diálogo y de haberlos «ninguneado y engañado». También pidió la libertad la libertad y retirada de cargos de todos los detenidos en las manifestaciones de esta semana, paralizar todos los desalojos con que están amenazados otros centros sociales autogestionados de Barcelona y «retirar la militarización del barrio de Sants», en alusión a la presencia policial en las calles.

El Ayuntamiento de Barcelona cedió y paralizó ayer el derribo del edificio de Can Vies, en Sants, e insistió en mantener la mano abierta del diálogo. Los activistas hicieron caso omiso de este anuncio y dieron por rotas las negociaciones.

Quizá en un cierto gesto de debilidad, el Consistorio cedió a las peticiones que realizaron el jueves los representantes del Centre Social de Sants, a la que no asistieron miembros del colectivo «okupa», pese a estar invitados. La intención del colectivo de Can Vies ahora es reconstruir el edificio, por lo que pidieron para hoy la ayuda de los vecinos. Las obras se mantuvieron ayer paralizadas, con la excavadora quemada aún en el sitio.

En un comunicado, el Ayuntamiento señaló que «es posible encontrar soluciones si todos ponen de su parte», y se mostró convencido de que existen alternativas para garantizar la continuidad de las actividades del centro. Tras cuatro noches de graves altercados, Trias pidió el cese de los incidentes y extendió la mano para negociar.

«No los necesitamos»

«Lo que está haciendo Mariano Rajoy a Artur Mas es la misma actitud de Mas con Can Vies», fue la contundente respuesta del colectivo del centro al Consistorio. En rueda de prensa, se desmarcaron de cualquier negociación y pidieron la dimisión de Trias y del concejal del distrito, Jordi Martí. «Que nos dejen tranquilos, no necesitamos al Ayuntamiento para nada, no tenemos nada de qué hablar porque el edificio está en el suelo», dijo el portavoz de la Plataforma de Apoyo a Can Vies, Ferran Aguiló.

La plataforma acusó a Trias y a Martí de «haber provocado el conflicto, por su prepotencia y cinismo», y de «teatralizar para fingir un diálogo» y de haberlos «ninguneado y engañado». No hubo más contactos a lo largo del día y en teoría hoy los vecinos tienen que intentar reconstruir el edificio.

El portavoz de Can Vies, «Pau Guerra», aseguró que «la negociación está rota desde el momento en el que se desaloja y derriba el edificio». Pidió la libertad y la retirada de los cargos de los hasta ahora 61 detenidos por los altercados, paralizar todos los desalojos con que están amenazados otros centros sociales autogestionados y retirar «la militarización en Sants. En ningún caso hubo críticas a los graves hechos vandálicos de todas las noches de esta semana, que costarán casi 200.000 euros a las arcas públicas, por culpa de los daños causados en el mobiliario urbano provocados por los radicales.

Rechazaron condenar la violencia de los manifestantes y señalaron que «los actos de violencia tienen que ver con las nulas oportunidades de los jóvenes del barrio y la incapacidad de la clase política». Su objetivo ahora es volver a alzar el edificio de Can Vies, con la ayuda de vecinos y de colectivos de arquitectos. Propiedad de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) –entidad municipal–, una orden judicial después de diez años de litigio obligó a desalojarlo antes de hoy.