Cerco a la corrupción

Génova acelera las gestiones para forzar «retiradas» en el PP valenciano

La dirección popular también eleva la presión sobre Rita Barberá. La postura oficial es que el punto de inflexión será la imputación formal.

El vicesecretario general del PP, Fernando Martínez-Maillo
El vicesecretario general del PP, Fernando Martínez-Maillolarazon

La dirección popular también eleva la presión sobre Rita Barberá. La postura oficial es que el punto de inflexión será la imputación formal.

La dirección popular sigue moviendo los hilos entre bambalinas para provocar un movimiento en el PP de Valencia y que se aparten todos los concejales del ayuntamiento valenciano investigados en el «caso Taula». En Génova confían en que sus gestiones den resultados de manera inmediata, en las próximas horas o, a más tardar, en los próximos días. Pese a la negativa de los concejales señalados a dar un paso atrás, y renunciar a su acta, como se habían comprometido a hacer cuando se levantase el secreto de sumario, la dirección nacional sigue presionando para forzar su retirada. La pasada semana este periódico ya informó de que estaban trabajando en esa dirección y que el objetivo era conseguir que se apartasen, es decir, al menos la suspensión temporal de sus funciones hasta que se aclare su situación judicial. Ellos siguen apelando a su inocencia para resistirse a la demanda interna y que se ha concretado en la apertura formal de un expediente informativo, es decir, una investigación a todos los afectados por el proceso judicial por un presunto caso de blanqueo de capitales. Esta investigación afecta también a la ex alcaldesa Rita Barberá, hoy senadora por designación territorial.

Ayer, el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maíllo, confirmó que «en las próximas horas habrá decisiones voluntarias y personales» después de que todos los concejales imputados se aferraran al acta y la ex alcaldesa y senadora se negara también a dimitir frente a la demanda interna que le pide un gesto para que su situación no siga dañando la imagen del PP o de Rajoy. La postura oficial de la dirección nacional es que el punto de inflexión con Barberá será su imputación formal, si bien fuera de ese discurso oficial desde Génova sostienen que desde hace tiempo Barberá debería haber valorado la posibilidad de una salida digna.

En declaraciones a la SER, Maíllo dejó ayer la puerta abierta a inminentes dimisiones sin descartar entre ellas la de Rita Barberá, sobre quien aseguró que «está manteniendo su verdad». El vicesecretario de Organización advirtió de que el proceso judicial derivado de la operación Taula «está haciendo mucho daño al PP». «Es muy probable que de ese expediente informativo se desprendan decisiones voluntarias», puntualizó, a la espera de nuevas reuniones por parte de la dirección nacional relacionadas con la crisis del PP en Valencia. Ayer se difundieron nuevos SMS enviados por Barberá a la dirección de su partido que coincidían con el espíritu del que reveló la semana pasada este periódico, que iba dirigido a Maíllo y en el que le pedía que defendiese «a la gente del partido que no ha hecho nada».

Tras no conseguir que se frenara la apertura del expediente informativo, Barberá ha seguido mandando advertencias a sus compañeros, que se han interpretado como mensajes de presión para defender a su grupo valenciano y a ella misma.

Martínez-Maíllo explico que «no son ni mensajes ni llamadas agradables» los que Barberá ha intercambiado con varios miembros del PP. «Es una mujer de carácter que en defensa de su posición ha mandado seguramente mensajes», precisó, señalando que él también los recibe en clara referencia al que le envió la senadora la semana pasada. El vicesecretario de Organización cree que las investigaciones llevadas a cabo por el juez, así como por el mismo partido, están propiciando que «las cosas se muevan» y que «cada uno tome las decisiones que tiene que tomar». Esta posición conecta con las declaraciones de algunos dirigentes del partido como Pablo Casado y Javier Maroto, quienes han hecho ver su desacuerdo con que la que fuera alcaldesa de Valencia durante 24 años siga aferrada a su cargo y al aforamiento que le ofrece su condición de senadora.