El PP llevará a los líderes al Senado en julio para explicar su financiación

Reclamará un informe jurídico a los servicios del Congreso para que se paralicen provisionalmente los trabajos de la comisión en la Cámara Baja hasta que se resuelvan las cuestiones planteadas.

Esta semana, el próximo miércoles, los partidos de la oposición tratarán de avanzar en el plan de trabajo de la comisión de investigación sobre la financiación del Partido Popular. Hasta las vacaciones de verano al PP le espera un calendario incómodo porque estará muy marcado por los casos de corrupción que han afectado al partido. Ahora bien, en la dirección popular confían en que la declaración como testigo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante el tribunal que juzga la primera parte del «caso Gürtel», fijada para el 26 de julio, marque un punto de inflexión y rebaje la presión contra ellos, aunque la oposición «intente seguir estirando el asunto».

Para superar de la mejor manera posible estas difíciles semanas la estrategia de los populares va a pilotar sobre la comisión de investigación de la financiación de todos los partidos que con su mayoría absoluta han activado en el Senado. En el Congreso de los Diputados lo tienen todo perdido porque los demás grupos, incluido Ciudadanos (Cs), van a utilizar todos los instrumentos a su alcance para colocar contra las cuerdas a Rajoy y sacar el mayor rédito político de la situación en la que se encuentra el PP. Éste es uno de los pocos asuntos en los que la estrategia del PSOE, Podemos y Cs es absolutamente coincidente en el fin, tanto que incluso estos tres partidos van a competir en ver quién es más eficaz en cercar a Rajoy y a los suyos.

Frente a eso, Génova va a jugar la carta del Senado. Intentarán llevar allí la iniciativa y tienen previsto pedir en julio la comparecencia de todos los líderes de la oposición para que expliquen las financiaciones de sus partidos. La agenda de trabajo que han preparado para la comisión es muy amplia e intensa. «Vamos a activarla a tope y a toda marcha», aseguran.

En julio también estará en funcionamiento la comisión de financiación del Congreso, por lo que el PP pretende que la Cámara Alta le sirva mediáticamente de plataforma desde la que poner sordina al ruido que la oposición levante en la Cámara Baja con el desfile de toda su plana mayor, tesoreros y demás dirigentes actuales o de etapas anteriores. Que las espadas están ya en todo lo alto lo refleja el escrito que el pasado viernes presentó el Grupo Popular en el registro del Congreso con vistas a la reunión de este miércoles. En este escrito exigen que la comisión no se convierta en una macrocausa «buscando una verdad por una mayoría parlamentaria política ajena a la realidad».

Por ello, plantean que el ámbito temporal quede fijado sólo en la presente Legislatura, lo que supone dejar fuera toda la etapa donde la financiación del partido está siendo fiscalizada en los tribunales por los casos de corrupción que en ellos también están siendo investigados. El PP rechaza además en su escrito que se cite a quienes hoy no tienen cargos públicos porque «no corresponde a la comisión llevar un juicio paralelo en sede parlamentaria». Alegan, en su defensa, que el artículo 51 del Reglamento de la Cámara declara la extinción de la comisión al concluir la Legislatura, lo cual justifica, a su juicio, que el círculo temporal se ajuste a la que está en vigor. Para sostener su exigencia de que no se investigue el pasado de su financiación, sino sólo el presente, el Grupo Popular alega que dado que el objetivo es investigar la «presunta financiación ilegal del Partido Popular», no se puede ir más allá del momento en que ésta fue tipificada, que fue en la reforma del Código Penal de 2015 y, si acaso, en la reforma sobre donaciones y préstamos de 2007.

El PP también exige que la investigación se circunscriba a la Administración General del Estado, «por respeto a la autonomía de los distintos parlamentos autonómicos, diputaciones y ayuntamientos». Es decir, lo que demanda es que la oposición no aproveche para sacar a relucir sus problemas en Valencia, Madrid o en otros ayuntamientos que durante gobiernos del PP con mayoría absoluta también se vieron afectados por tramas hoy judicializadas, como es el caso de Púnica, Lezo o Taula, entre otras.

En su escrito, el PP reclama un informe jurídico a los servicios de la Cámara, atendiendo a los antecedentes que explicita, antes de presentar sus peticiones de documentos y comparecencias. Y, por tanto, pide que se paralicen provisionalmente los trabajos de la comisión hasta que se resuelvan estas cuestiones planteadas en lo que afecta al ámbito temporal e institucional de la investigación, al objeto de la misma y al perfil de los comparecientes que pueden ser llamados a declarar. Todos los que estén hoy investigados en un procedimiento judicial pueden negarse a declarar, los demás que sean citados tienen obligación de comparecer ante la Cámara.

Hasta ahora, la comisión no ha avanzado por la falta de acuerdo sobre el procedimiento. En discusión está, por ejemplo, el momento en que se cita a Mariano Rajoy. La intención inicial del PSOE, por ejemplo, era que se produjese a principios de julio, en todo caso antes de su comparecencia como testigo en el juicio del caso Gürtel, ya que una vez que se siente ante el tribunal, el presidente del Gobierno lo tendría más fácil en el Congreso al poder remitirse a lo ya explicado en sede judicial. Podemos y Ciudadanos preferían que fuera el último, aunque tarde en concretarse, para que tenga que responder a algunas de las cuestiones que salgan durante los trabajos parlamentarios. Y sobre la mesa estaba la posibilidad de llamarle para abrir y cerrar, lo que, a juicio del PP, sería una prueba de hasta qué punto la oposición «sólo busca utilizar la comisión para desgastar al presidente». Entre las peticiones de comparecencia figuran nombres como el de José María Aznar, Ángel Acebes, Javier Arenas, Rodrigo Rato, Ana Mato y otros ex dirigentes del PP. Además de personas enjuiciadas como Francisco Correa o Luis Bárcenas, junto con algunos empresarios que supuestamente pagaron comisiones al Partido Popular para conseguir las adjudicaciones. Y también cargos policiales.