El PP pide en el Congreso condenar a quien convoque referéndums ilegales

Amplía la ofensiva de Casado para que el presidente del Gobierno se retrate sobre Cataluña.

El Grupo Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley por la que plantea que se recupere aquella penalización de los referéndums ilegales que impulsó el Gobierno de José María Aznar y que anuló José Luis Rodríguez Zapatero. La iniciativa entra dentro de la ofensiva parlamentaria con la que el PP quiere forzar que el PSOE se retrate en cuestiones relacionadas con Cataluña que le son incómodas dentro de lo que han bautizado como la nueva operación para desinflar el conflicto, y que es la continuidad de la operación diálogo que en su día puso en marcha el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

El Grupo Popular ya ha conseguido que se impulsara la reforma de la Ley de Indultos, donde entra su enmienda sobre la prohibición de medidas de gracia para los condenados por rebelión o sedición. También ha llevado al Parlamento una proposición no de ley para que miembros del Gobierno se abstengan de hacer pronunciamientos que interfieran en la labor de la Justicia. Y ahora llega al Congreso otra proposición de ley para llevar al Código Penal el delito de celebración de referéndums ilegales. «Es una medida preventiva», precisan desde la dirección del Grupo Popular. Por si al independentismo se le ocurre en el futuro transitar por la misma senda del 1-O y de los acontecimientos que se sucedieron en el Parlamento catalán en octubre del año pasado.

La iniciativa legislativa del PP será tomada en consideración por la Cámara antes de las vacaciones de Navidad en el peor de los casos, es decir, antes de que se conozca la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas que organizaron la declaración unilateral de independencia. Esta toma de consideración implica que todos los grupos parlamentarios tendrán que pronunciarse y fijar posición con su voto. Igual que hubiera ocurrido en las próximas semanas con la proposición también de ley que el PP anunció que presentaría en el caso de que el Partido Socialista no levantara el bloqueo a su enmienda en la Comisión de Justicia en la Cámara Baja para prohibir los delitos a los condenados por sedición y rebelión.

En la reforma sobre referéndums que ha registrado el Grupo Popular se establece sanción penal e inhabilitación para los promotores y para todos aquellos que de alguna manera participen en la organización y preparación de un referéndum ilegal. No para los participantes en el mismo, pero sí para quienes sean colaboradores directos o indirectos en una consulta ilegal. En concreto, para la autoridad o funcionario que careciendo de competencias convocara o autorizara la convocatoria de elecciones generales, autonómicas o locales o consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de las modalidades previstas en la Constitución, se establece una pena de entre tres o cinco años e inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre tres y cinco años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta. Para la autoridad o funcionario que facilite el proceso de elecciones generales, autonómicas o locales o consultas populares por vía de referéndum ilegal, la proposición de ley pide una pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre uno y tres años al de la duración de la pena de privación de libertad. Asimismo, prevé pena de prisión de 6 meses a un año o multa de entre 12 a 24 meses para aquellos que participen en ese proceso ilegal como interventores.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero anuló en el año 2004 los tres artículos del Código Penal introducidos en diciembre del año 2003 para castigar con cárcel la convocatoria o apoyo a un referéndum ilegal. Aquella decisión se concretó en respuesta al llamado «plan Ibarretxe».

El Gobierno inyecta 3.424 millones en Cataluña en apenas 48 horas

Casi 3.500 millones de euros. Este es el suculento «botín» que ha logrado Cataluña del Estado en apenas dos días. A los 1.459 millones que Hacienda se comprometió a inyectar en la región tras su reunión bilateral con la Generalitat, ayer se sumaron otros 1.965 millones del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). En total, 3.424 millones en 48 horas. El Gobierno acordó ayer asignar a trece comunidades autónomas 5.563 millones de euros con cargo al Fondo de Financiación regional para el último trimestre de 2018, de los que el 35% son para Cataluña. En el conjunto del año, la Generalitat recibirá 9.434 millones. Según Hacienda, «los mecanismos de liquidez suman 29.589 millones». Aparte de Cataluña, la autonomía que más recibirá del FLA será la valenciana (1.055 millones). Del FF, las que percibirán una mayor cuantía serán Castilla y León, con 476 millones, y Galicia, con 217. Además, Hacienda explica que de acuerdo con las solicitudes remitidas por diversas regiones, «se ha modificado la distribución de los recursos del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas de 2018».
“Estas menores necesidades de financiación empiezan a reflejar el efecto de otro acuerdo reciente de la CDGAE, en concreto el del pasado 5 de julio de 2018, en el que se autorizó la salida al mercado de las comunidades autónomas”, añade en la nota.
Cita como ejemplo Andalucía, autonomía que solicitó su salida a los mercados por un importe de 600 millones de euros, lo que, según Hacienda, “provocará que progresivamente vayan reduciendo sus necesidades de financiación” a través del fondo.