El presidente de la Junta busca el camino de José Blanco

Dimitirá como presidente de la Junta de Andalucía y diputado autonómico, lo que dejaría abierto el camino a una posible imputación por parte de la jueza Mercedes Alaya en el «caso de los ERE» fraudulentos. Sin embargo, su nombramiento futuro como senador por designación autonómica abre un escenario procesal completamente distinto.

Una vez que José Antonio Griñán tome posesión como nuevo miembro de la Cámara Alta, pasará nuevamente a gozar del aforamiento de los diputados y senadores, es decir, no podrá en ningún caso ser imputado por ningún juzgado o tribunal que no sea el Supremo, pero tampoco le podrá tomar declaración ningún magistrado del Alto Tribunal.

De esta forma, si la instructora de la citada causa considera que hay indicios de que el todavía presidente de la Junta de Andalucía ha podido incurrir en algún tipo de delito, tendrá que elevar una Exposición Razonada a la Sala Penal del Tribunal Supremo en la que detalle esos indicios que le llevan a apreciar que pudo cometer delito y concretar los ilícitos penales.

Eso fue exactamente lo que sucedió con el ex ministro de Fomento José Blanco y muy recientemente con la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, Yolanda Barcina. Las instructoras de los conocidos como «caso Campeón» y «caso de las dietas de Caja Navarra», al entender que había indicios de delito contra ambos aforados, remitieron la causa con los indicios al Tribunal Supremo.

Lo primero que debe realizar la Sala Penal es pedir un informe al Ministerio Fiscal sobre si entiende que hay motivos o no para admitir a trámite la exposición razonada e iniciar una investigación. Y ello, porque si la Sala considera que no hay razones que lo justifiquen archivará directamente la causa, tal como sucedió ayer respecto a Yolanda Barcina.

Si, por el contrario, sostiene que hay argumentos para iniciar una investigación, la admitirá a trámite y nombrará un instructor, que será ante quien tenga que declarar ya como imputado. Ese magistrado será quien tenga que practicar las pruebas que considere oportunas para concluir si hay o no motivos para abrir juicio oral contra Griñán, aunque la decisión final corresponderá a la Sala, que fue lo que ha sucedido con José Blanco, en cuyo caso el instructor acordó la apertura de juicio oral y la Sala lo revocó.

En todo caso, una hipotética exposición razonada al Tribunal Supremo haría que la «causa» se ralentizara por los propios trámites necesarios: traslado al fiscal, informe de éste y decisión de la Sala de Admisiones. A partir de ahí, archivo o una más que probable larga y compleja instrucción judicial.