El presidente dice que lo razonable es que el borrador lo investiguen los jueces

Tenía tantas ganas de preguntar el portavoz de CiU sobre el informe policial a cuenta de la presunta financiación de la coalición nacionalista como el presidente del Gobierno en hablar del asunto: ninguna. Y es que, tras el desafío secesionista, una de las campañas electorales más broncas que se recuerdan y el estrepitoso fracaso de los convergentes el 25-N, la versión moderada, dialogante y de exquisitas formas de Josep Antoni Duran Lleida volvió ayer al Congreso. Y se vio en un debate de guante blanco con Mariano Rajoy. Todo sonó a una voluntad mutua de destensar el debate catalán y de paso normalizar las relaciones entre Gobierno y Generalitat. No lo duden. El presidente y Duran tratan de reconstruir los puentes rotos por Artur Mas tras su fallido órdago independentista. Así las cosas, Rajoy transmitió al portavoz de CiU su distancia con el borrador del informe policial que apuntaba a Mas como titular de cuentas corrientes en paraísos fiscales con dinero procedente de la corrupción y el cobro de comisiones ilegales. Le dijo que se enteró por la prensa y que lamentaba aquella filtración tanto como otras. «No sé si su contenido es cierto o no», afirmó. «Lo razonable es que lo investiguen los órganos judiciales». Lo que sí hizo -en tono amable- fue reprochar a CiU que durante la campaña identificara el informe con un ataque a Cataluña y calificar de injusta la reacción de los nacionalistas catalanes, que culparon a las «cloacas del Estado». Duran dio por buenas las explicaciones del presidente y aceptó que el Gobierno desconocía el informe. No en vano, en el momento de su publicación telefoneó a Rajoy para pedirle explicaciones y ya entonces tuvo constancia de que era ajeno a la operación. A lo más que llegó el portavoz de CiU fue a afear que el Gobierno no actuara «con diligencia ni lealtad» y mencionó en este sentido las palabras del ministro Cristóbal Montoro y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría por dar por bueno que existían las cuentas de Artur Mas en Suiza. Lo dijo de otro modo: si se publica una información fundamentada en un documento redactado supuestamente por funcionarios del Gobierno, éste no debe permanecer al margen y limitarse a encargar una investigación, como hizo el titular de Interior, sino que debería haber dicho que el documento no existía. Y esto es lo que a su juicio «distorsionó la campaña», aunque no haya influido en el resultado.