Los benedictinos piden amparo a la Santa Sede

El prior envía una carta al Papa en la que asegura que no se está respetando la basílica como lugar sagrado. «Somos los únicos custodios del templo y no podemos entrar».

El prior de la Abadía del Valle de los Caídos ha avisado al Papa, al abad de Solesmes, a la Conferencia Episcopal Española, cuyo presidente es Ricardo Blázquez, y al arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, de que no se está respetando la inviolabilidad de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, como lugar sagrado, durante los preparativos por la exhumación de Francisco Franco, que el Gobierno llevará a cabo hoy mismo. De forma paralela, y como publicó ayer este periódico, ha presentado una denuncia ante el juez por el «acceso inconsentido» de los efectivos de la Guardia Civil al templo.

El prior de la basílica de Cuelgamuros, Santiago Cantera, acude así al abad de la Abadía de Solesmes, Philippe Dupont, y al Papa, sus inmediatos superiores en la jerarquía eclesiástica, para dar cuenta de las irregularidades que a su juicio están teniendo lugar en el seno de la comunidad benedictina vecina de El Escorial. Ella es la gestora de la basílica y goza de una autonomía supeditada a la autoridad de Roma.

«Queremos dejar constancia que la actuación de las Fuerzas de Seguridad y de los operarios ha sido y es totalmente incompatible con el principio de inviolabilidad de los lugares de culto y los derechos de esta Comunidad benedictina, lo que hemos puesto, igualmente, en conocimiento de la jerarquía eclesiástica», explica la comunidad benedictina en un comunicado remitido ayer. En concreto, los monjes han trasladado esta denuncia al Arzobispado de Madrid, a la Conferencia Episcopal Española, a la Abadía de Solesmes y a la Santa Sede, según fuentes cercanas a la Abadía.

Además, el pasado lunes el prior del Valle de los Caídos presentó una denuncia ante el Juzgado de Guardia de San Lorenzo del Escorial por el «acceso inconsentido de la Guardia Civil a la basílica» y por «impedir el acceso de los monjes» a su interior.

Los benedictinos precisan en el comunicado de ayer que desde el pasado 11 de octubre, tras el acuerdo del Consejo de Ministros que decretaba el cierre del recinto del Valle de los Caídos, «la Guardia Civil, sin autorización judicial que lo permitiera, accedió y deambuló por dependencias de la Abadía y, lo que es más grave, accedió y deambuló por la Basílica».

Todo ello lo hicieron, según denuncian, «sin autorización eclesiástica alguna y ocupándola durante las 24 horas del día, vulnerando, de esta manera, tanto el derecho a la inviolabilidad domiciliaria como el derecho a la libertad religiosa».

Los benedictinos también denuncian que desde el pasado domingo se impidió el acceso de los monjes a la basílica a pesar de ser, según precisan, los «únicos titulares y custodios del templo». Además, manifiestan que se colocaron «cadenas y candados en la puerta de acceso entre la Abadía y la Basílica» para bloquear el paso, como ilustraron en la denuncia presentada en el juzgado de El Escorial con una fotografía.

Si bien, precisan que es una «paradoja» que puedan entrar terceras personas. En este sentido, dicen que no se ha permitido «la más mínima vigilancia» por parte de los benedictinos que no tienen «garantía alguna» de que las conductas de esas personas «no contravinieran el carácter sagrado del templo, desconociendo si se han producido actuaciones incompatibles con el culto, la piedad o la religión».

En este sentido, Francis Franco ha denunciado que «se ha perdido la custodia del cadáver» de su abuelo, que se entregó al prior del Valle de los Caídos en 1975, y apunta al estado «de nervios» en que esta situación ha sumido a Santiago Cantera, que «ha recibido unas presiones horrorosas. Lo está pagando muy caro».

Los religiosos exponen además que «se impide que los miembros de la Abadía asistan al responso religioso en el acto de exhumación» pues el Gobierno solo ha autorizado que esté presente el prior, que dirá un responso fúnebre por espacio de un único minuto.

Así, resumen que «las actuaciones producidas en el Valle de los Caídos desde finales de septiembre, dirigidas al parecer por la Delegación del Gobierno, se han excedido, y mucho, de los términos de los acuerdos del Consejo de Ministros de 15 de febrero y 15 de marzo de 2019».

Cantera también ha denunciado cómo se ha impedido la entrada tanto a los monjes como a estudiantes, familiares y fieles «para asistir a misas y oficios religiosos» sin tener en cuenta «ninguna lógica ni criterio alguno». El prior ha instado al juez de El Escorial a iniciar una investigación –«y en su caso, el enjuiciamiento»–, además de solicitar que se permita el acceso a la basílica «para realizar los actos de culto y vigilar que no se lleven a cabo conductas inapropiadas de un lugar sagrado».