El PSE vota contra el golpe a ETA

Los socialistas vascos votaron ayer en el Ayuntamiento de San Sebastián con PNV y Bildu contra la operación antiterrorista que tenía como objetivo la «estructura de cárceles» de ETA.

Los socialistas vascos votaron ayer en el Ayuntamiento de San Sebastián con PNV y Bildu contra la operación antiterrorista que tenía como objetivo la «estructura de cárceles» de ETA. En un posicionamiento que rompe la colaboración entre los dos grandes partidos en estos temas, los socialistas apoyaron una declaración institucional del ayuntamiento gobernado por los proetarras, que considera que operaciones como la llevada a cabo en los últimos días en el País Vasco y Navarra «suponen un obstáculo en el actual contexto político» del País Vasco. La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de San Sebastián entiende que la detención de ocho «ciudadanos vascos», de los que «tres son donostiarras», constituye un «obstáculo» a la «esperanza extendida de que se afiance el proceso de construcción de la paz y la convivencia democrática». El comunicado solicita la «resolución judicial inmediata» del procedimiento iniciado con la operación policial y considera que «en este contexto político, todos debemos trabajar para construir y afianzar la paz». Horas antes de la votación en el Ayuntamiento de San Sebastián, el PSE había criticado ya al Ministerio del Interior, en un comunicado en el que los socialistas hacían seguidismo del PNV y del Gobierno vasco, poniendo en duda incluso que «los resultados de la investigación judicial confirmen que estuvo plenamente justificada».

«El cierre del ciclo del terrorismo en nuestro país exige responsabilidad, criterios claros e inteligencia», señalaba el comunicado del PSE. El PNV solicitó ayer la convocatoria «urgente» de la Comisión de Interior del Congreso para que Jorge Fernández Díaz dé explicaciones sobre la operación de la Guardia Civil. Entiende el PNV que el ministro debe aclarar «el sentido, interés y circunstancias» de esa operación policial, que el partido ya calificó el día anterior como una «provocación política».

Previamente, el Gobierno vasco había salido en defensa de los detenidos en una crítica frontal al Ministerio del Interior, al que acusó de provocar «un paso atrás» en el camino hacia la desaparición de la organización terrorista. El ejecutivo de Urkullu, que no dijo nada sobre la reunión en Durango, el pasado sábado, de los presos de ETA excarcelados - según recordó ayer el delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo-, respondió indignado ante la operación terrorista contra lo que ETA considera su «aparato de makos».

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, llegó a justificar la colaboración de la Ertzaintza en mantener el orden en torno al lugar donde se practicaron los registros y las detenciones, desvinculando a la Policía vasca del operativo. «La Ertzaintza es una policía integral y se limita a garantizar la seguridad pública en las calles adyacentes», dijo. El Ejecutivo de Urkullu acusó al Ministerio de Interior de «empecinarse en volver al pasado», cuando, en su opinión, «ya no hay vuelta atrás», aunque ETA no se haya disuelto aún. Para el Gobierno vasco, lo importante es que «el terrorismo de ETA ha terminado», por lo que reclama al Gobierno una actitud «positiva» y «altura de miras», acordes con «el nuevo tiempo de ilusión y esperanza» que, según Erkoreka, vive el País Vasco. El Ejecutivo de Urkullu y el PNV, que protestó por la operación antes que los proetarras, se colocan en primera línea de defensa del «diálogo y la reinserción» de los presos etarras.

Desde el PP vasco, su portavoz, Borja Semper, consideraba lógica la operación, ante la insistencia de ETA en no disolverse y en «seguir controlando a los presos» en la cárceles. «Si la banda no se disuelve, la disolverá el Estado de Derecho», aseguró el dirigente popular. Los proetarras, por su parte, aprovecharon ayer la operación antiterrorista de la Guardia Civil para hacer victimismo de cara a la manifestación en favor de los presos prevista para el próximo sábado en Bilbao. La Diputación de Guipúzcoa, gobernada por Bildu, respaldó institucionalmente el acto, alegando que «la detención de ocho miembros del grupo de interlocución del colectivo de presos y presas vascas demuestra que se quiere entorpecer el proceso de paz». En una declaración institucional se pidió a los ciudadanos que asistan al acto y se realizó además un llamamiento al Gobierno vasco para que «tome iniciativas concretas a favor de los Derechos Humanos de los presos vascos y para que hagan frente a las agresiones que el Gobierno español lleva a cabo contra el proceso».