El PSOE cuadruplicó en donaciones al PP en los últimos tres años de su gobierno

El próximo viernes se reunirá la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas para validar el último informe sobre la financiación de los partidos emitido por el organismo fiscalizador. LA RAZÓN ha tenido acceso a este informe que afecta a los tres últimos años del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y que deja en evidencia datos bastante significativos en lo que afecta al estado contable de algunas organizaciones políticas. Una cosa es lo que se predica; y otra, la que se practica.

El cuadro sobre los estados contables de los partidos políticos en el citado ejercicio, que incluye cuotas, aportaciones de afiliados y aportaciones de personas físicas y jurídicas, según los registros contables aportados al Tribunal de Cuentas, refleja que el PSOE y el PSC cuadruplicaron la cantidad de donaciones recibidas de personas físicas y jurídicas con respecto a las que ingresó el PP. En concreto, 13,3 millones en esos tres años por parte de los socialistas, incluyendo a los socialistas catalanes, frente a los 3,3 millones de euros que fueron a parar a las arcas de los de Génova. Ferraz recibió donaciones por importe de casi 8,5 millones de euros; y el PSC, por valor de 4,8 millones de euros. Del informe del Tribunal de Cuentas no se distinguen las donaciones realizadas por las personas físicas de las procedentes de las personas jurídicas. Pero, en cualquier caso, estas cantidades hay que diferenciarlas absolutamente de las cuotas y aportaciones de afiliados, adheridos y simpatizantes, que sí son contabilizadas con claridad al margen.

Aunque la comparativa de donaciones entre los dos principales partidos que revela este cuadro resulta llamativa, sin embargo fuentes del órgano fiscalizador sostienen que, en el caso del PSOE, el posible problema de financiación en los últimos años, más allá de los tres últimos ejercicios, apunta sobre todo en la dirección de las condonaciones de deuda.

Resulta también llamativa la cantidad de donaciones que recibió CIU en esos años, sobre todo por el lado de Unió Democrática de Catalunya, si se comparan con las que han recibido otras formaciones. En total, 2,1 millones de euros. Casi sólo uno menos que el PP, partido con presencia en todo el territorio nacional. CDC ingresó 580.238 euros y UDC, 1,5 millones de euros. Partidos pequeños, como el Bloque Nacionalista Galego (BNG) consiguieron, por increíble que parezca, hasta 1,4 millones de euros por esta vía de financiación.

En esta legislatura ya se han introducido cambios significativos en la financiación de los partidos para conseguir que el mundo de los negocios marche en paralelo al mundo de la política y separar así todo lo posible la confluencia de intereses. Además de la reducción de un 40 por ciento de las subvenciones con respecto a 2011, en una primera actuación se limitaron las donaciones de empresas a 100.000 euros, y lo mismo se hizo con las condonaciones de deuda. Además se prohibieron las donaciones de fundaciones a los partidos, para que no se utilizase este subterfugio como mecanismo de financiación. Las personas jurídicas con contratos con la Administración Pública quedaron vetadas a la hora de realizar ningún tipo de donación, y lo mismo cualquier otra empresa anexa con participación mayoritaria. De esta manera ya se dejaban fuera a las grandes constructoras, que son las que siempre tienen participación por una vía o por otra en la contratación pública.

Ante el malestar por la alarma y el coste en términos de opinión pública generado por el «caso Bárcenas» el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reaccionó el pasado mes de febrero con el anuncio de un ambicioso plan de regeneración democrática, que hace dos semanas llegó por fin al Consejo de Ministros, y que incluye otra vuelta de tuerca en materia de financiación para someter a las organizaciones políticas a más controles y a una fiscalización más severa. La reforma legal incluye la prohibición de condonaciones de deuda por parte de las entidades financieras, sin límite exento, y acaba también con las donaciones de personas jurídicas. Con esta medida se pone coto a casos de corrupción como el «Gürtel» o el propio «caso Bárcenas», en los que se han visto implicadas un gran número de empresas privadas que concurrían a contratos públicos.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha sido la coordinadora y diseñadora de este plan de regeneración democrática que será tramitado por las Cortes Generales en el próximo periodo de sesiones.

Además de la nueva ley reguladora del régimen económico financiero de los partidos también incluye una ley reguladora del alto cargo de la Administración General del Estado. Dos normas que el Gobierno quiere consensuar con el resto de grupos parlamentarios.

Donaciones a partidos

El último informe del Tribunal de Cuentas detalla los ingresos de los partidos entre 2009 y 2011 por las aportaciones de sus afiliados y por donaciones, en los que el PSOE y el PSC, con 13,1 millones, se sitúan en cabeza frente a los 3,3 del PP

Refuerzo de la función fiscalizadora del tribunal

El paquete de reformas legislativas por la regeneración democrática impulsado por el Gobierno incluye el refuerzo de la revisión del Tribunal de Cuentas de las subvenciones de los partidos políticos. Pero no sólo eso. La nueva ley obliga a que todos los partidos publiquen en la web sus subvenciones y a la remisión de las cuentas de las formaciones al máximo órgano fiscalizador en los primeros seis meses del año siguiente al ejercicio al que se refieran; la unificación de los requisitos mínimos en adjudicación de contratos; y más controles para las fundaciones y asociaciones vinculadas, como la obligatoriedad de su inscripción en el Registro de Partidos.

Además, la reforma ha sido sensible a las indicaciones del propio Tribunal de Cuentas, al clarificar el régimen sancionador del control de la actividad económica y financiera de los partidos. Tipificándose como infracción, por ejemplo, el incumplimiento de los límites o requisitos para percibir donaciones, la realización de actividades mercantiles, la falta de adecuación de los libros de tesorería y la falta al deber de colaboración.

El Tribunal de Cuentas tendrá que emitir un justificante dando fe de que un partido político ha cumplido con su obligación de presentar las cuentas al órgano fiscalizador. Y el que no lo tenga se quedará sin subvenciones.