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El SUP exige al diputado de Bildu una indemnización que destinará a los huérfanos de la Policía

Registran en el juzgado de Vitoria la demanda contra Arzuaga por injurias y calumnias

  • El secretario general del SUP en Euskadi, Luis Mariano Rodado y el procurador Iñigo Olaizola, antes de registrar el "acto de conciliación" contra el diputado del EH Bildu Julen Arzuaga
    El secretario general del SUP en Euskadi, Luis Mariano Rodado y el procurador Iñigo Olaizola, antes de registrar el "acto de conciliación" contra el diputado del EH Bildu Julen Arzuaga

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08 de abril de 2019. 18:15h

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C. S. M. .  8/4/2019

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha presentado ante los juzgados de Vitoria una demanda contra el diputado de Bildu, Julen Arzuaga, por injurias y calumnias contra los miembros de la Policía Nacional. Arzuaga, insultó el jueves desde la tribuna del Parlamento Vasco a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llamándoles “nazis” de Nuremberg. En la interposición del acto de conciliación presentado por el sindicato policial, requisito previo al procedimiento penal. el SUP exige a Arzuaga que “justifique los motivos que le llevaron a realizar esas manifestaciones y solicite el perdón del ofendido públicamente” como que “abone al solicitante la cantidad de 3000 euros por los daños morales sufridos dentro del plazo de una semana”, cantidad que se destinará íntegramente a la Fundación de Húerfanos de la Policía.

Por otra parte, la Fundación Villacisneros instó hace dos días al Defensor del Pueblo a recurrir ante el Constitucional la ley vasca que “equipara el terrorismo de ETA” con las actuaciones de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La Fundación destaca que la ley de víctimas de violencia policial que aprobó el pasado jueves en un tenso debate el Parlamento Vasco con el apoyo de PNV y PSE ya fue recurrida por el Gobierno del PP en 2017, y no llegó a sustanciarse debido a la retirada del mismo por Pedro Sánchez como consecuencia de la negociación con el PNV para que prosperara su moción de censura contra Rajoy. En opinión de la Fundación Villacisneros “esta Ley, además de arrogarse competencias propias de un tribunal de Justicia manteniendo una comisión de valoración que determinará quién tiene la condición de víctima, cuestiona el trabajo de los agentes durante la democracia en su lucha contra el terrorismo”.

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