El Supremo deja en manos de Torra la libertad de los presos

El fallo no incluirá la petición de la Fiscalía de fijar el cumplimiento de la mitad de la pena para obtener el tercer grado, por lo que la Generalitat decidirá el régimen de los presos por sedición.

Los líderes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, ex presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural, respectivamente, podrán obtener sus primeros días de permiso penitenciario en pocos meses, una vez que hayan cumplido la cuarta parte de la condena que finalmente se les imponga. El resto de los políticos que serán encarcelados y condenados por el delito de sedición deberán, sin embargo, esperar un poco más de tiempo, puesto que ingresaron en prisión más tarde.

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Una de las cuestiones que planteó la Fiscalía durante su informe fiscal es que el Tribunal acordase en su sentencia que no se les podría otorgar el tercer grado penitenciario a los condenados hasta que hubiesen cumplido la mitad de la condena impuesta. Se trata de una previsión que se encuentra contemplada en la legislación vigente para todas aquellas penas de cárcel que superen los cinco años de prisión.

Esta petición será resuelta en la sentencia que, previsiblemente, se notificará mañana por parte de la Sala Penal del Tribunal Supremo. En dicha resolución, tal y como aseguran fuentes jurídicas, no se atenderá finalmente a la petición que hizo la Fiscalía, por lo que todo lo referente a los permisos y clasificación en grado quedará en manos de los Servicios Penitenciarios de la Genearalitat de Cataluña, puesto que ésta comunidad tiene la competencias transferidas en materia de prisiones.

Sobre este punto, según añaden las citadas fuentes, los magistrados del tribunal que juzgó la causa, manifestaron opiniones distintas, pues si bien algunos abogaban por acoger la tesis esgrimida por el Ministerio Público, otros, en cambio, sostenían todo lo contrario, que no se incluyese. Finalmente, en aras de esa unanimidad, que ha sido desde el principio una de las grandes prioridades del presidente del tribunal, Manuel Marchena, parece que se ha optado por no hacer mención alguna a esa posibilidad.

De confirmarse lo anterior, la Generalitat tendría en sus manos flexibilizar notablemente el régimen penitenciario de los políticos independentistas encarcelados. Así, en un principio, las prisiones donde están internados, Lledoners (Barcelona) en el caso de Oriol Junqueras y los ex consejeros hombres, tienen un plazo máximo para clasificarles en el grado penitenciario que, previa evaluación de los equipos técnicos y psicosociales del centro penitenciario, se considere más adecuado.

Pero, sin embargo, no es imprescindible que agoten ese plazo, sino que, por el contrario, es algo que pueden realizar, y que, a seguro harán en estos casos. Lo normal en el caso de internos «corrientes» es que se les clasifique en segundo grado, que es el régimen «ordinario». Sin embargo, se les podría clasificar directamente en tercer grado, lo que resultaría algo más que complicado, y aplicarles el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario («Clasificación penitenciaria y principio de flexibilidad»), que sería adoptado por la Junta de Tratamiento de la propia prisión a propuesta del Equipo Técnico. De esta forma es cómo se actuó con Oriol Pujol, condenado por el caso de las ITV y quien permaneció en régimen ordinario muy pocas semanas.

Esta decisión sería recurrible de inmediato por la Fiscalía, pero el recurso no tendría efectos suspensivos, con lo que la concesión del tercer grado o la aplicación del artículo 100.2 –opción más viable hasta cumplir la mitad de la condena impuesta– no se paralizaría, con lo que estarían disfrutando de ese régimen hasta que se pronunciara el juez de vigilancia penitenciaria o, si éste lo rechaza, la Audiencia Provincial.

Por otro lado, Manuel Marchena acudirá el próximo miércoles, día 16, a la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para defender su programa de actuación durante los cinco próximos años en la Sala Penal del Tribunal Supremo, cargo que ocupa actualmente y que tiela intención de renovar. Marchena es el único candidato que se ha presentado al cargo. Pese a ello, la ley establece la obligación de realizar esa comparecencia ante los vocales de la Comisión Permanente del Consejo.

Posteriormente, será el Pleno del Consejo, que se celebrará el próximo día 30, el que tenga que renovar a Marchena para ese puesto, algo que se da por descontado. El presidente del Consejo, Carlos Lesmes, es quien realizará la correspondencia ponencia.

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