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El Supremo paraliza la exhumación de Franco del Valle de los Caídos

Concede las medidas cautelares solicitadas por la familia del general y esperará hasta octubre para pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.

  • Tumba de Franco en el Valle de los Caídos/Jesús G. Feria
    Tumba de Franco en el Valle de los Caídos/Jesús G. Feria
Madrid.

Tiempo de lectura 4 min.

04 de junio de 2019. 19:34h

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A. Rojo Madrid. 4/6/2019

Como ya adelantó LA RAZÓN el pasado viernes, los cinco magistrados de la Sección Cuarta de lo Contencioso Administrativo decidieron ayer por unanimidad paralizar la exhumación del general Franco del Valle de los Caídos. De esta manera, el Gobierno de Sánchez continúa sin poder materializar una propuesta en la que ha trabajado desde que los socialistas llegaron al poder. La decisión del Alto Tribunal supone el último revés jurídico a la continuada estrategia del Ejecutivo de Sánchez, empeñada en la polémica exhumación como primer objetivo en una reconocida estrategia encaminada a la desacralización de la Basílica, que precisamente ayer celebraba el 59 aniversario su consagración en 1960 a manos del cardenal Cicognani, nuncio de Su Santidad Juan XXIII.

La decisión del Supremo da la razón, por tanto, a la familia Franco que había aludido al «daño irreparable» que se causaría si la exhumación y el traslado a Mingorubio de los restos del general se produce sin que exista una sentencia en firme. «Ninguna familia debe ser obligada a pasar por dos exhumaciones y tres entierros de uno de sus seres queridos mientras no se hayan agotado todas las vías jurisdiccionales en las que podría hacer valer sus legítimos derechos», argumentaban. La exhumación y el traslado, para el que ya estaba previsto un dispositivo policial, estaba decretada para las 10:00 de la mañana del 10 de junio pero ahora tendrá que esperar a que el Supremo se pronuncie sobre el fondo del asunto algo que no podría suceder hasta octubre.

En un escueto comunicado, el Alto Tribunal explicó que «la razón en que descansa esa decisión es la de evitar el perjuicio que, de otro modo, se causaría a los recurrentes y, especialmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, los cuales se verían gravemente afectados si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan».

La decisión unánime de los cinco jueces (Jorge Rodríguez Zapata, Celsa Pico, José Luis Requero, Pablo Lucas y Antonio-Jesús Fonseca-Herrero ha calmado -al menos dem momento- las preocupaciones de las cuatro partes recurrentes: la familia Franco, la Abadía del Valle de los Caídos, la Fundación Francisco Franco y la Asociación para la Defensa del Valle de de los Caídos, cuyo presidente, Pablo Linares valoraba así el comunicado para LA RAZÓN: «Satisfacción contenida por la decisión del Supremo; contenida ya que no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto. Para Linares «la jurisprudencia a nivel europeo presumiblemente ha pesado en la decisión» de los jueces ya que «el Gobierno pretendía actuar cuando no había autorización de la familia, no había autorización eclesiástica para entrar en un templo inviolable según el derecho canónico y no había licencia de obra».

El momento clave la argumentación del Supremo se encuentra en la página 8 del auto al que ha tenido acceso este diario. Es entonces cuando el TS explica que «la mera posibilidad de que prosperaran las pretensiones de los recurrentes cuando ya hubiere producido la exhumación y fuere preciso llevar de nuevo los restos mortales exhumados a su actual sepultura, comportaría un muy grave trastorno para los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, habida cuenta de la significación de don Francisco Franco Bahamonde». Para los magistrados la condición de Franco como Jefe de Estado «atribuye a toda la controversia unos rasgos especiales que nos se pueden ignorar y que permiten atribuir un perjuicio irreversible a la ejecución de la decisión del Consejo de Ministros de exhumar sus restos si esta, después, fuere considerada contraria a Derecho».

En el auto de los magistrados se hace referencia al “hecho” de que Francisco Franco fue Jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su muerte el 20 de noviembre de 1975, un punto que ha provocado las iras de Pablo Iglesias, secretario general de Unidas Podemos. El líder de la formación de extrema izquierda considera esto una “auténtica barbaridad”.

Fuentes jurídicas aseguraron a este diario que si el Supremo falla a favor del Gobierno permitiendo la exhumación en octubre la familia Franco podría solicitar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que podría tardar dos o tres meses en estimarse o desestimarse. Es decir, todo el proceso podría prolongarse hasta diciembre. Sin embargo las mismas fuentes explicaron que no existe un derecho fundamental afectado en este caso y que lo más probable es que el TC no estime el recurso y la sentencia del Supremo se ejecute.

La decisión del supremo fue utilizada por el PP para criticar al Gobierno por su «nueva equivocación política y jurídica» y para recordar su intención de sacar adelante una Ley de Concordia que derogue la Ley de Memoria Histórica. Por su parte Pablo Iglesias culpó al Tribunal de apoyar el «obstruccionismo» de la familia Fanco por encima de «las víctimas del franquismo y el mandato del Congreso». Es pertinente recordar que el partido que dirige Iglesias va más allá de la desacralización propuesta por el PSOE ya que ha propuesto –con todo detalle y por escrito– que la Cruz del Valle de los Caídos sea dinamitada para que los visitantes del monumento puedan pisarla.

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