El Supremo se planteará suspender el juicio si interfiere la campaña electoral

El horizonte de las elecciones municipales y autonómicas y un posible adelanto de las generales amenazan el desarrollo de la vista del «procés», que comenzará entre los próximos días 6 y 12.

El calendario electoral puede interferir el desarrollo del juicio del «procés». Con una previsión de tres meses de vista oral, que llevará las sesiones en el mejor de los casos hasta finales de abril, el comienzo, el próximo 10 de mayo, de la campaña de las elecciones municipales, autonómicas y europeas puede coincidir con la recta final de las sesiones si las defensas recurren a una estrategia dilatoria o la práctica de la prueba se demora más de lo esperado. En el horizonte se atisba otra amenaza: un hipotético adelanto electoral si el Gobierno no consigue el aval independentista a sus Presupuestos.

El propio presidente del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, apuntó ayer en un encuentro informal con periodistas que si la vista oral sigue celebrándose cuando comience la campaña electoral la Sala «valoraría la suspensión del juicio» en función, por ejemplo, del número de sesiones que resten para la conclusión. Lesmes recordó al respecto que aunque «no hay ninguna norma que obligue a la suspensión», los tribunales españoles han actuado siempre «con prudencia procurando no interferir en procesos electorales». «Pero es que hay muchos procesos electorales», añadió en referencia a las elecciones del próximo 26 de mayo y al posible adelanto de las generales. No obstante, el presidente del TS y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) puntualizó que a día de hoy «es precipitado aventurar algo» al respecto.

El Supremo ve en el juicio del «procés», explicó Lesmes, una «oportunidad excelente para poner de relevancia la calidad de nuestro estado de derecho y de nuestra democracia» y garantizó que los políticos presos serán tratados con la «máxima dignidad y respeto» tanto en sus traslados desde las prisiones madrileñas de Soto del Real y Alcalá como durante su estancia en el tribunal. Los nueve acusados en prisión preventiva –el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, los líderes soberanistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y cinco ex consellers del Govern de Puigdemont– serán conducidos por la Guardia Civil de martes a jueves a los calabozos de la Audiencia Nacional, situada a escasos 150 metros del Supremo y, desde allí, acudirán en furgón policial a la sede del juicio, donde se pondrá especial cuidado en que sean conducidos «con la máxima dignidad» y evitando algún «componente de penosidad», dijo Lesmes. «Se evitará su exposición pública para no generarles la más mínima incomodidad», añadió, aunque no precisó si llegarán al Salón de Plenos esposados, una decisión que corresponde adoptar al tribunal enjuiciador. Eso sí, como harán los siete miembros del tribunal, comerán en la misma sede del tribunal, que no abandonarán hasta las seis o las siete de la tarde, cuando esté previsto que concluyan las sesiones diarias.

Lesmes –que estuvo acompañado en su comparecencia por el vicepresidente de la institución, Ángel Juanes– no se aventuró a dar una fecha de comienzo del juicio y se remitió al auto de admisión de prueba que, según las fuentes consultadas, está «ultimando» el tribunal, presidido por el magistrado Manuel Marchena. En esa resolución, recuerdan esas mismas fuentes, la Sala tiene que pronunciarse sobre la petición de prueba solicitada por las acusaciones y las defensas, unos escritos que suman en total más de 2.100 folios (1.800 de las defensas y 300 de Fiscalía, Abogacía del Estado y la acusación popular que ejerce Vox). Si la resolución se notifica a las partes hoy mismo, el juicio aún podría comenzar la próxima semana, entre el miércoles y el jueves. Si no es así, la vista oral empezará el día 12. Y es que en el Supremo van a tener muy en cuenta el escrito remitido por la defensa de Junqueras (secundado ayer mismo por la de Cuixart) en el que advertía al tribunal de que, de no contar al menos con tres semanas de plazo hasta el inicio del juicio, se vulneraría su derecho de defensa al no disponer del tiempo necesario para preparar su estrategia de defensiva. Aunque no dispondrá de esas tres semanas solicitadas, la Sala podría demorar una semana el comienzo de la vista para que las defensas cuenten con más días para estructurar sus posiciones procesales.

Hasta la fecha, se han acreditado para el juicio –que por primera vez se retransmitirá en directo «streaming» por la web del CGPJ: www.poderjudicial.es– 600 periodistas de 150 medios de comunicación, también extranjeros, con Alemania, Francia, Holanda y Suiza a la cabeza del interés informativo, aunque también se han cursado peticiones de medios de EE UU, Rusia y China. Aunque, según precisó el presidente del Supremo, «hubo más expectación internacional en el juicio del 11-M».

Respecto a la anunciada presencia de observadores internacionales anunciada por las defensas de los acusados, Lesmes dijo que «todo el que quiera observar va a tener todas las facilidades para hacerlo», pero no garantiza que puedan hacerlo desde dentro de la sala, donde solo hay cien plazas disponibles para público, familiares de los acusados y representantes institucionales. Hasta ahora, según explicó, solo el Parlamento vasco ha comunicado su interés en estar representado.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, no ha dado aún ese paso pero si acude a la vista –aseguró el presidente del TS– será recibido «con la deferencia debida a una autoridad pública española» y tendrá un «lugar preferente» en la sala.