El TC avalará la reforma que le permite suspender a políticos

El miércoles se debatirá en el Pleno la nueva ponencia que defenderá el juez Trevijano.

Una de las medidas más polémicas y contestadas desde algunos sectores de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional es la posibilidad que se otorga al Alto Tribunal de aplicar determinadas coercitivas en caso de desobediencia a sus resoluciones, que pueden llegar incluso a la suspensión de cargos: «Recibido el informe –de la autoridad o cargo público obligado a cumplir la resolución– o transcurrido el plazo fijado, si el Tribunal apreciase el incumplimiento total o parcial de su resolución, podrá acordar cualesquiera de las medidas siguientes», entre ellas «la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal».

El Gobierno vasco recurrió esta reforma, según señaló entonces su portavoz, Josu Erkoreka, entre otros motivos, por «facultar al Gobierno español a que intervenga de manera directa y unilateral sobre las comunidades autónomas, en los supuestos» previstos en la ley.

Sin embargo, el TC rechazará su recurso y, en cambio, avalará la decisión que en ese sentido impulsó el Ejecutivo en la pasada legislatura. La ponencia había recaído en la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Adela Asua, quien sostenía la inconstitucionalidad de los puntos más conflictivos de la misma, como la posibilidad de que el propio tribunal pueda suspender a cargos públicos que no obedezcan sus resoluciones, hasta que cesen en esa actitud.

Sin embargo, la mayoría de los once magistrados no compartía ese criterio, y, por el contrario, entienden que esas previsiones tienen perfecto encaje en la Constitución. Por ese motivo, la ponencia que se debatirá en un próximo Pleno, y que reflejará la postura de la mayoría, ha pasado a manos del magistrado Pedro González Trevijano, quien, previsiblemente, tendrá redactada la ponencia para que se pueda abordar en las dos sesiones plenarias que celebrará el TC esta misma semana, miércoles o jueves, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes próximas al Alto Tribunal. Junto a ello, las fuentes consultadas incidieron en que la decisión de avalar la plena constitucionalidad de esa reforma no será ni mucho menos unánime, y que, además de Asua, otros magistrados emitirán también votos particulares.

La reforma establece un régimen específico para los supuestos de incumplimiento de las resoluciones del TC. En estos casos, el tribunal solicitará un informe a quienes deban cumplirla, y una vez se reciba el informe o venza el plazo que se hubiera dado, podrá imponer multas coercitivas, acordar la suspensión de las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento, o encomendar al Gobierno de la nación, aún en funciones, la ejecución sustitutoria. Y ello, sin perjuicio de que puedan exigirse las responsabilidades penales que correspondan.