El TC no adoptará de oficio medidas coercitivas

«Señalará» de forma expresa quienes pueden incurrir en un delito de desobediencia si sigue el desafío

«Señalará» de forma expresa quienes pueden incurrir en un delito de desobediencia si sigue el desafío

El Tribunal Constitucional tiene medios más que suficientes para actuar de forma contundente ante la clara desobediencia del Parlament de Cataluña al aprobar una resolución que, de llevarse a cabo su contenido íntegro, acabaría con un referéndum unilateral de independencia y la «desconexión» de España. El Alto Tribunal ya advirtió a la Cámara catalana que podría haber «consecuencias» sin continuaba con el «procés», y ponía en el centro de esas responsabilidades a la Mesa del Parlament, presidida por Carmen Forcadell, «de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos enunciados», relacionados todos ellos con la Comisión de Estudios creada, como sostenía el TC, para «dar apariencia de validez al denominado proceso constituyente en Cataluña». Sin embargo, y pese a que el Gobierno pidió en el incidente de ejecución que presentó en febrero –origen de la citada resolución del pasado día 19– que el TC advirtiese de forma expresa a Forcadell de la posible comisión de un delito, el Alto Tribunal no aceptó esa propuesta y, en su lugar, realizó una advertencia genérica, sin dirigirla de forma concreta contra nadie.

En esta ocasión, lo primero será conocer qué pide exactamente el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, y, en concreto, si insta al Tribunal Constitucional a que aplique algunas de las medidas que le faculta su nueva Ley Orgánica: multa de hasta 3.000 euros, suspensión de funciones de los cargos que desobedezcan o incluso la exigencia de responsabilidades penales.

Sobre esta cuestión, el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, no quiso adelantar ayer nada sobre el contenido del incidente de ejecución que se presentará hoy. Lo que sí hará será informar con carácter previo a esa interposición al resto de partidos políticos si se pedirá o no la adopción de medidas coercitivas, como la suspensión de la presidenta de la Mesa del Parlament, Carmen Forcadell.

Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por LA RAZÓN indicaron que, a priori, el Alto Tribunal no prevé adoptar ninguna de esas medidas, y ello por dos razones fundamentales: la citada ley orgánica está recurrida, y por prudencia, no sería conveniente, y, en segundo lugar, porque nunca ha actuado de oficio. De esta forma, tendría que ser la Abogacía del Estado o la Fiscalía las que iniciarán las acciones legales que consideren oportunas.

Pleno extraordinario

Esta decisión la adoptará el máximo garante de la Constitución en un pleno extraordinario que se celebrará, previsiblemente, a principios de la próxima semana, aunque tampoco se puede descartar que tenga lugar hoy mismo dada la especial relevancia del asunto. De hecho, existe el precedente de que el TC se reunió horas después de que se presentase el recurso del PP, Ciudadanos y el PSC contra la decisión de la mesa del Parlamento catalán de tramitar la declaración soberanista de Junts pel Si y la CUP para debatirla en el pleno de la Cámara, y decretó la suspensión de la misma.

En cambio, lo que sí hará de inmediato el Tribunal Constitucional será suspender la resolución del Parlament, y lo relevante estará que, bien en esa resolución o en la que anule de lleno el acuerdo de la Cámara catalana, los magistrados «señalarán» de forma concreta y específica a quiénes se les advierte de la posibilidad de incurrir en responsabilidad penal si persisten en ese «desafío».

Esto dejará expedito el camino para que el Ministerio Público o los servicios jurídicos del Estado puedan interponer una querella por desobediencia. Y es que, para que se pueda proceder por este delito, es necesario que se realice una advertencia expresa al afectado. De esta forma, se podría repetir un nuevo «caso 9-N», que acabó con una querella contra Mas, Joana Ortega e Irene Rigau.

Forcadell: «Cumplí el reglamento»

Carme Forcadell, aseguró que no contempla que haya inhabilitaciones de diputados o miembros de la Mesa por la aprobación de las conclusiones de la comisión del proceso constituyente pese al veto del TC. Pese a los avisos del Tribunal, Forcadell dejó claro que está dispuesta a «asumir el riesgo de cumplir el mandato del 27S» a favor de la independencia, informa Ep. También esgrimió que el reglamento establece que el pleno es el «órgano supremo» con capacidad para decidir, por votación, si se altera el orden del día. Forcadell evitó hablar de desobediencia y subrayó que se aprobó «un acto que se desprende de un mandato democrático» que cree que avalaron las urnas el 27-S.