El temor de las víctimas: Un epílogo sin justicia

El acercamiento de presos etarras es el principal temor de las asociaciones, que ven prioritario mantener la dispersión para forzar a los terroristas a colaborar en el esclarecimiento de los más de 300 asesinatos de ETA sin resolver.

Las víctimas no quieren que el anuncio de la disolución de ETA venga acompañado de contrapartidas. Y un posible cambio en la política penitenciaria, que precipitaría la transferencia de esas competencias al Gobierno vasco, es su principal temor. No se creen el comunicado, que califican como «el más humillante» de los que ha hecho públicos la banda terrorista y defienden que la prioridad es resolver los más de 300 asesinatos impunes.

«Me da igual ya lo que diga ETA», asegura Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia (DyJ), para quien no es posible el acercamiento de presos hasta que se conozca a los autores de esos atentados sin condena. «Nuestra oposición será total», avisa. «Si se adopta esa medida las víctimas perderemos cualquier tipo de presión para que los etarras colaboren en su esclarecimiento. Si no colaboran que se queden donde están hasta que cumplan sus condenas», añade Portero, hijo del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Luis Portero, asesinado por ETA en octubre de 2000.

«Está claro que no se arrepienten de nada –dice la ex presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) Ángeles Pedraza– ni están dispuestos a colaborar con la Justicia. Han dado ese paso porque esperan alguna contrapartida». La situación de los presos de nuevo emerge como una posible moneda de cambio. «Espero que el Gobierno no lo acepte, pero me temo que sí –vaticina–. No se puede ceder de ninguna de las formas, pero mucho menos cuando los terroristas no han hecho nada». Sus expectativas, admite, «son nefastas», y por eso advierte de que desde la AVT estarán «vigilantes» para que eso no suceda.

Para la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, el comunicado de ETA supone «el fracaso del estado de derecho». «Si lo que se buscaba era derrotar a ETA, ¿cómo es posible –se pregunta– que el terrorista más buscado (en referencia a «Josu Ternera») se dedique a grabar spots publicitarios? ¿Eso es el triunfo del estado de derecho?». Para la hermana del ex edil del PP Gregorio Ordóñez, asesinado por los terroristas en enero de 1995 en San Sebastián, «los únicos protagonistas del fin de ETA deberían ser los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. No se ha detenido a los diez etarras que quedan porque no se ha querido. No nos merecíamos este final. El último comunicado de los terroristas tendría que haberse escrito desde la cárcel. Estamos pagando el pato desde ya». «Eso se podía haber evitado», se queja, «desmantelando por completo a la banda terrorista. Con todo esto las víctimas sufrimos un montón».

«No descansaremos hasta que se consiga hacer justicia a más de la mitad de las víctimas de ETA», hace hincapié Portero, para quien «la única vía para impedir la impunidad» es la denuncia por lesa humanidad que su asociación, tras cerrársele las puertas de la Audiencia Nacional, ha llevado hasta Estrasburgo y ante la Justicia argentina. Y es que el presidente de DyJ está convencido de que «conseguir pruebas para condenar a autores materiales de atentados es muy difícil. Hay que ir contra los jefes de ETA».

Para las víctimas del terrorismo, es Sortu y ex dirigentes de la ilegalizada Batasuna los que están detrás del comunicado de la banda terrorista. «Se han plegado a lo que les han dicho con la promesa de cambios en la política penitenciaria», asegura Portero, para quien si se produce el acercamiento de presos etarras las víctimas serán las «paganas» de la disolución de la banda criminal. «Se nos convertirá de nuevo en víctimas», avisa.

«Nos preocupa muchísimo ese posible acercamiento. El propio ministro de Interior me dijo que no se podía comprometer a que no se transfieran esas competencias», dice Ordóñez. La presidenta de Covite mantiene que el Gobierno vasco «quiere ser carcelero para abrir las puertas de las cárceles» a los etarras.

Pese a la anunciada disolución, Pedraza asegura que las víctimas «no nos sentimos solas». «Quienes están con nosotros no se lo han creído. Seguimos sintiéndonos igual de arropados», dice.