El tesorero de los partidos será el responsable penal de las infracciones

El Consejo de Ministros aprobará hoy los proyectos de ley de regeneración democrática que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció en el último debate del Estado de la Nación, el pasado mes de febrero. Las medidas se agrupan en tres bloques: financiación de los partidos políticos, control de la actividad de los cargos públicosy endurecimiento de los castigos penales para el defraudador. La letra pequeña incluirá importantes novedades como la regulación del vacío legal que existe en estos momentos en lo que afecta a determinar quién es el responsable último de las malas prácticas en la financiación de los partidos políticos. Que no esté regulada esa responsabilidad expresa en el plano estrictamente penal hace que al juez le resulte más difícil cerrar el círculo en el caso de que confirme la existencia de irregularidades: puede quedarse en la figura del tesorero, «disparar» por elevación al secretario general o al presidente del partido, o entender que la falta de ley le obliga a imputar, por ejemplo, a toda la Ejecutiva. En la que, muy posiblemente, dado como funcionan internamente las organizaciones políticas, la mayoría ignore absolutamente todo sobre las entradas y salidas de dinero en su formación.

La solución, según los borradores manejados en el Gobierno, es señalar con claridad que esa responsabilidad última está en el responsable orgánico de la contabilidad del partido, es decir, en el tesorero. Esto ayudará –según explican– a que las personas elegidas para asumir ese puesto sean «escrupulosas en sus prácticas y se anden con mucho más miramiento a la hora de hacer la vista gorda con cualquier irregularidad». ¿Y si esas irregularidades vienen impuestas desde arriba? La respuesta es que este camino también sirve de dique para esas imposiciones, en la medida en que el responsable financiero sabrá que si acepta, en el caso de que sean descubiertas las irregularidades, «el marrón sería suyo». «Dejará de haber una indefinición que facilite que las irregularidades salgan gratis», justifican en fuentes del PP. Estos proyectos legislativos estarán abierto a los posibles cambios que se deriven de la negociación con los grupos parlamentarios.

El Gobierno sostiene que esta reforma legislativa servirá para limitar de manera extrema el margen para que se den comportamientos corruptos en la vida pública o en la actividad política, y que el mejor camino para conseguirlo es endureciendo la ley y clarificando las responsabilidades individuales y sus consecuencias. Evidentemente, este punto de la reforma tiene lecturas ligadas al «caso Bárcenas» que está bajo instrucción judicial. El discurso oficial del PP sostiene que la responsabilidad de las posibles irregularidades cometidas por parte del ex tesorero Luis Bárcenas son estrictamente personales, «que él hizo y deshizo, haciendo un mal uso de la responsabilidad que el partido había depositado en él». La tesis del «engaño», que Rajoy desarrolló en el Congreso de los Diputados en la comparecencia extraordinaria de principios de año.

La reforma legal que llega esta mañana al Consejo de Ministros también incluye la prohibición de que los partidos puedan recibir subvenciones sin un certificado del Tribunal de Cuentas. Como adelantó este periódico, Interior no concederá las ayudas previstas en la ley a quien no cumpla este requisito. Además, el patrimonio de todos los cargos públicos será fiscalizado una vez que abandonen el cargo; se unificarán los requisitos mínimos en adjudicación de contratos; y se establecerán más controles para las fundaciones y asociaciones vinculadas, como la obligatoriedad de su inscripción en el Registro de los partidos. El texto que se remite a los grupos también detalla otras novedades como la clarificación del régimen sancionador del control de la actividad económica y financiera de los partidos, tipificándose como infracción el incumplimiento de los límites o requisitos para percibir donaciones, la realización de actividades mercantiles, la falta de adecuación de los libros de tesorería y la falta al deber de colaboración. Todos los partidos tendrán la obligación de publicar en sus webs las subvenciones y donaciones superiores a la cantidad que se determine; y el responsable de la gestión económica-financiera tendrá que comparecer anualmente ante la comisión parlamentaria del Tribunal de Cuentas.

En esta reforma se establecen, además, las sanciones pecuniarias para cada tipo de infracción y para garantizar su cobro efectivo intervendrá directamente la Agencia Tributaria. En cuanto a la nueva ley reguladora del cargo público, hay una codificación de sus derechos y obligaciones; se amplía la publicidad de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales a todos los cargos públicos; y su patrimonio será fiscalizado por la Oficina de Conflictos de Intereses una vez abandonen sus puestos. Sus retribuciones deberán figurar en las normas presupuestarias y no tendrán derecho a percibir pensiones de jubilación distintas de las previstas en cualquier régimen de protección social público.

En el ámbito penal, el Gobierno concreta un nuevo régimen para los partidos políticos en materia de financiación, falsedad de cuentas y administración desleal de los fondos de los partidos. Y agiliza el procedimiento y refuerza las garantías en el proceso penal para que los condenados no se lucren con los efectos de su delito. Ya en el plano político, el morbo está en la posición que adopte el PSOE ante una reforma que se hace eco de bastantes de las banderas que han enarbolado en esta Legislatura. Hasta ahora se han desvinculado de unas propuestas bien vistas por la opinión pública con el argumento del «caso Bárcenas».