El Tribunal de Cuentas cerca a Gómez por sus pagos ilegales

Designa a un instructor para que investigue los sobresueldos a funcionarios de Parla que destapó LA RAZÓN hace tres años.

El 26 de abril de 2010, LA RAZÓN publicaba en exclusiva que el ex alcalde de Parla y secretario general de los socialistas madrileños, antes de abandonar el bastón de mando del Ayuntamiento, en 2008, autorizó pagos presuntamente ilegales –en contra de la delegada del Gobierno, Soledad Mestre y la interventora municipal, que le advirtieron de su «ilegalidad»– a funcionarios municipales por valor de 200.000. Un convenio que el actual alcalde de Parlam, sucesor de Gómez, mantuvo de 2008 a 2011 –a pesar de que prometió anularlo en 2009–, lo que elevó el gasto a 800.000 euros. El Consistorio lo justificó como «otras prestaciones a favor de empleados» y consistían en 85.000 euros al año para un fondo de absentismo laboral para funcionarios y 120.000 para gratificar las jubilaciones anticipadas en el Ayuntamiento. Esta información motivó la intervención de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, la cual entendió que había motivos suficientes para iniciar una investigación sobre esos «sobresueldos» a los funcionarios. Además de pagarles estos «pluses» por productividad o prejubilaciones que no se contemplan en los artículos que rigen el trabajo de los funcionarios,los trabajadores del Ayuntamiento de Parla contaban con otros «privilegios» que el resto de empleados públicos de España no tienen, como el cobro de 200 euros y un reloj cuando cumplían 25 años de servicio público, una semana más de baja por maternidad, así como más días líbres por mudanza o «asuntos particulares».

Después de esas Diligencias Preliminares, tanto Abogacía del Estado como Fiscalía instaron a que el procedimiento siguiese adelante, al entenderse que los indicios de una posible «responsabilidad contable» se habían afianzado. De esta forma, el 30 de octubre de 2012 se dictó un auto de nombramiento de delegado instructor para la tramitación de las Actuaciones Previas, en el transcurso de las cuales el Ayuntamiento de Parla –gobernado ahora por el «delfín» de Tomás Gómez– deberá remitir todos los documentos relativos al convenio que aprobó el secretario general de los socialistas de Madrid con los funcionarios con el objetivo de «justificar y acreditar la legalidad de esos pagos».

Para ello, el pasado 10 de enero el Tribunal de Cuentas designó ya al delegado instructor de esas actuaciones, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas, que será quien tenga que practicar las diligencias oportunas, entre otras los requerimientos al Consistorio. Esas actuaciones concluirán con un Acta de Liquidación, que será en la que tenga que constar si hay indicios de posibles irregularidades contables, tal y como señaló en su día la Delegación del Gobierno que advirtió a Gómez de que el acuerdo vulneraba el ordenamiento jurídico estatal, por exceder de las competencias que en materia de personal le están atribuidas.

De confirmarse ese extremo, las actuaciones se remitirían a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas para abrir el correspondiente «proceso devolutivo», que tendrá como finalidad última recuperar el dinero presuntamente pagado de forma irregular y sin justificación. De esta forma, el Ayuntamiento de Parla vería como, en esta época de crisis y con una de las mayores deudas per cápita de España, tendría que pagar una cantidad de dinero muy importante por unos hechos cometidos por el equipo de gobierno que entonces dirigía el dirigente del PSM. Esto será lo que, previsiblemente ocurra. Es decir, que quede todo como una «irreguaridad económica» que se saldará con el reintegro a las arcas púbicas de ese dinero.

Sin embargo, si al final de la investigación se detecta que también se ha incurrido en algún tipo de delito, el Tribunal de Cuentas paralizaría su actuación y lo remitiría a la Fiscalía, para que ésta decidiese si inicia o no un procedimiento penal, y, en su caso, contra quién o quiénes.