El Tribunal de Cuentas investiga a once municipios por la gestión del «Plan E»

A finales de noviembre de 2008, el Gobierno que presidía José Luis Rodríguez Zapatero aprobaba el Fondo Estatal de Inversión Local (FIEL), integrado en el conocido como «Plan E».

A finales de noviembre de 2008, el Gobierno que presidía José Luis Rodríguez Zapatero aprobaba el Fondo Estatal de Inversión Local (FIEL), integrado en el conocido como «Plan E», destinado a la realización de actividades «urgentes» en el ámbito municipal en materia de inversiones «especialmente generadoras de empleo». Con esa partida se intentaba afrontar una situación de crisis económica «excepcionalmente grave».

Sin embargo, no parece que todos los ayuntamientos realizasen de forma correcta y ajustada las partidas que les correspondieron. De hecho, el Tribunal de Cuentas detectó anomalías en más de un centenar de consistorios, por lo que inició una primera investigación. Esos hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía del mencionado tribunal, el cual, tras analizar, consideró que había materia suficiente para entrar a fondo en la gestión de once ayuntamientos.

El mencionado órgano fiscalizador de las cuentas públicas ha atendido al criterio del fiscal y ha abierto una investigación respecto a esos municipios, vinculados con el mencionado plan FIEL por distintos motivos.

En unos casos, por falta de justificación del gasto presupuestado en las obras adjudicadas, defectuosa justificación en los pagos de los contratos, etc. Los ayuntamientos afectados, según han confirmado a LA RAZÓN fuentes del Tribunal de Cuentas, son los siguientes: Burgos, Gijón, Dos Hermanas (Sevilla), Gerona, Villajoyosa (Alicante), Móstoles (Madrid), La Carolina (Jaén), Membribe (León), Telde (Canarias), Bigastro (Alicante) y Hazas de Cesto (Cantabria).

En los años que se concedieron esas ayudas económicas, cinco de esos municipios estaban gobernados por el PSOE: Gijón, Dos Hermanas, Gerona, Bembribe y Bistro; cuatro, por el PP: Burgos, Villajoyosa (en coalición con independientes), La Carolina (en la misma situación) y Móstoles; mientras que en Telde gobernaba Nueva Canarias y en Hazas de Cesto, el Partido Regionalista de Cantabria (entonces dirigido por Miguel Ángel Revilla). Una vez tomada la decisión, el citado tribunal ha nombrado ya a un delegado instructor para que realice las diligencias que considere oportunas, principalmente las de recabar toda la documentación relativa a las obras y/o contratos, para determinar si todos los aspectos están justificados y adecuados a la legalidad. Posteriormente, hará lo que se conoce como «acta de liquidación provisional», que puede ser positiva o negativa. El primero de esos casos determinaría que no existía una justificación en esa materia, por lo que devolvería el expediente al Tribunal de Cuentas para que abriese el correspondiente «procedimiento de reintegro», con los trámites previstos en el mismo (demanda, contradicción, etc). Este proceso iría dirigido a exigir una «responsabilidad contable» y lograr la devolución a las arcas públicas de ese dinero no justificado.

Pero, además, si en el transcurso de la investigación se comprobase que no sólo ha existido una falta de justificación, sino que, además, se ha podido incurrir en algún tipo de delito –por ejemplo, malversación de caudales públicos– se daría cuenta de ello a la Fiscalía de ese tribunal para que, a su vez, lo pusiese en conocimiento del Ministerio Público de la jurisdicción correspondiente para que iniciase, si lo considerase oportuno, las acciones legales pertinentes contra quienes hubiesen podido incurrir en esos delitos (esto es lo que ha ocurrido recientemente respecto a una investigación abierta por el Tribunal de Cuentas, en la que se comprobó que se habían vendido bienes que estaban embargados judicialmente).

El Tribunal destaca que el 70% de las obras incumplieron los requisitos básicos y no crearon empleo

La fiscalización llevada a cabo por el Tribunal de Cuentas constata que el «Plan E» de Zapatero no sirvió para cumplir con el objetivo de crear empleo estable a largo plazo. Según explica un informe elaborado por el Alto Tribunal, los proyectos que fueron financiados incumplieron en un 70 por ciento con lo que era un requisito básico para la adjudicación de los fondos invertidos, destaca elconfidencial.com.

El Fondo de Inversión Local (FEIL), el «plan anticrisis» del Gobierno de Zapatero, pretendía crear 300.000 empleos; unos 240.000 puestos de trabajo directos más otros 60.000 indirectos. Para ello, contaba con una inversión de 8.000 millones de euros de los que se desembolsaron más de 7.800 millones. Dicha subvención, según el anuncio del Ministerio de Administraciones Públicas, fue solicitada por 15.000 proyectos de unos 3.700 municipios.

El estudio llevado a cabo por el órgano fiscalizador del Tribunal de Cuentas ha escogido una muestra de 1.270 proyectos y 700 ayuntamientos que vienen a poner en entredicho la finalidad con la que se puso en marcha ese proyecto de carácter «excepcional». Destaca por tanto que no sólo no sirvió para crear empleo sino que tampoco se ejecutaron obras de necesidad básica que ya estuvieran planificadas con anterioridad y que se habían visto obligadas a frenar por falta de fondos. Sólo un «número reducido» hizo constar las necesidades que requería el municipio en la solicitud del proyecto. Además indica que el 37 por ciento de las entidades no incluyeron en su propuesta de proyecto «motivación razonada» que justificase dicha inversión.

En cuanto a la contratación de los trabajadores, el Tribunal de Cuentas destaca que no se utilizó «como elemento decisorio para la selección de proyectos», que no se contrataron los desempleados con el fin de obtar a un puesto de trabajo además de que otro de los proyectos se adjudicó a empresas que no se comprometieron a la contratación de ningún trabajador. Por ello, el Tribunal indica que se produjo una debilidad en los procesos de selección.