El TSJC cita a dos testigos para aclarar si el Govern usó datos personales 9N

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha citado a declarar como testigos a dos técnicos de T-Systems, contratada por la Generalitat para el 9N, para aclarar si se usaron datos personales de bases de titularidad pública para el registro de la consulta, en contra de lo sostenido por el Govern.

Según han informado a Efe fuentes judiciales, el magistrado del alto tribunal catalán Joan Manuel Abril, que investiga al presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, por seguir adelante con el 9N pese a la suspensión del Tribunal Constitucional (TC), ha citado para el próximo 21 de enero al coordinador de los trabajos desarrollados por T-Systems para la Generalitat y al redactor de análisis de la base de datos que sirvió para registrar quién votaba.

El TSJC ha ordenado estas dos nuevas testificales a petición de la Fiscalía, que a raíz de la documentación aportada por T-Systems ve indicios de que la aplicación que esta compañía creó e instaló en los portátiles utilizados en las mesas de votación del 9N incluía el tratamiento de datos personales del proyecto "Invictus", elaborado a partir del registro de asegurados del Servicio Catalán de la Salud y del Registro de Población de Cataluña.

Entre la documentación aportada al TSJC figura una carta que el director gerente de T-Systems remitió al director gerente del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), Jordi Escalé, para saber si su encargo se había visto afectado por la suspensión del 9N acordada por el TC, a lo que éste respondió que los servicios jurídicos de la Generalitat habían acreditado que "ninguna de las actividades"del encargo resultaban "explícitamente afectadas"por la resolución.

Según detalló por escrito T-Systems al TSJC, el encargo de la Generalitat para el 9N consistía en crear una web para que los voluntarios -funcionarios y no funcionarios- pudieran registrarse como tales, crear la web de la consulta y desarrollar una aplicación en los ordenadores utilizados en la votación para registrar quien votaba -y comprobar que votaba en la mesa que le correspondía- y para hacer el recuento de votos y extraer el resultado agregado de cada mesa.

Estos dos encargos se incardinaron, según T-Systems, en un marco contractual preexistente entre el CTTI y la propia compañía, que en total facturó a la administración catalana 132.254 euros por sus trabajos relacionados con la consulta soberanista.

El fiscal centra ahora sus investigaciones en el aplicativo informático BDC-2500, que ya había desarrollado T-Systems con anterioridad por encargo de la Generalitat y que sirvió de base para elaborar el sistema informático para la consulta del 9N.

Según detalla la propia compañía en un escrito remitido al juez del TSJC, este proyecto, que se denominó "Invictus", estaba directamente impulsado desde el departamento de Presidencia de la Generalitat y preveía la creación de dos bases de datos de ciudadanos, una que inicialmente se cargaría con datos extraídos del registro central de asegurados del Servicio Catalán de la Salud y otra que tendría como base el registro de la Población de Cataluña.

Tras analizar esta información, los fiscales del caso del 9N, Emilio Sánchez-Ulled y Francisco Bañeras, solicitaron al TSJC que citara como testigos al responsable coordinador de los trabajos desarrollados por T-Systems para la Generalitat y al redactor del análisis que contenía los requerimientos funcionales para el proyecto Invictus.

Según les fuentes judiciales consultadas por Efe, la Fiscalía pretende con estas declaraciones aclarar si realmente la Generalitat encargó que las bases de datos para el sistema informático del 9N incluyeran datos personales disponibles en ficheros de titularidad pública, en contra de lo que ha sostenido hasta el momento la Generalitat.

El magistrado del TSJC también ha acordado, a instancias de la Fiscalía, solicitar al secretario general del departamento de Presidencia de la Generalitat que le remita información para concretar si las bases de datos del proyecto Invictus fueron efectivamente creadas y se nutrieron de datos del Servicio Catalán de la Salud y del Registro Poblacional de Cataluña.

Según las fuentes consultadas, el TSJC también ha solicitado a la empresa de mensajería Sertrans que le aporte toda la documentación sobre el encargo, por valor de 20.214 euros, que le efectuó la Generalitat para la recogida y reparto en los puntos de votación de las urnas y papeletas elaboradas por presos de cárceles catalanas a instancias del Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE).

El magistrado quiere saber también quién firmó la recepción de las urnas y papeletas, la persona que figuraba como contacto en el punto de destino y el lugar donde se hallaba depositado el material y la fecha de recogida del mismo para su posterior distribución en los centros de votación.

El alto tribunal catalán también ha solicitado a Presidencia que le remita el expediente completo de contratación de la campaña institucional con motivo el 9N, encargado a la mercantil Media Planning Group, con un importe de 806.403 euros, la partida más cuantiosa de los 1.924.559 euros que costó el 9N a la Generalitat.

El TSJC ha requerido asimismo a Media Planning Group que detalle todas las actuaciones efectuadas para ejecutar el encargo del departamento de Presidencia, especialmente la fecha de ejecución, el desglose del coste por conceptos y proveedores externos y la identificación del medio de pago.

Efe