El TSJM pregunta al fiscal si debe investigar la difusión de los emails de Blesa

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha preguntado a la Fiscalía si debe abrir una investigación por la difusión de los correos electrónicos que fueron intervenidos al ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa por si los hechos pudieran ser constitutivos de delitos de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos.

Así lo plantea en una providencia el magistrado que instruye la querella que presentó el Ministerio Público contra el titular del Juzgado de Instrucción número 9, Elpidio José Silva, por posibles delitos de prevaricación, contra la libertad individual y retardo malicioso en la Administración de Justicia cometidos en la investigación del 'caso Blesa'.

El magistrado Jesús Gavilán afirma en la providencia, fechada el pasado 23 de diciembre, tener constancia de la "publicación y difusión durante estos últimos días en medios de comunicación, prensa

y televisión de contenidos que pudieran corresponder a los correos electrónicos"que fueron incorporados a la investigación que fue abierta por el Juzgado de Instrucción número 9 sobre el crédito de 26,6 millones de euros concedido por Caja Madrid al ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán.

El instructor añade que esos emails fueron incorporados mediante copia a la causa que se sigue contra Silva en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y remarca también que ha tenido conocimiento de la difusión de las diligencias practicadas en este órgano, "con especial relevancia de las declaraciones del querellado y los perjudicados".

Por ello, acuerda pasar estos hechos a informe del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de delitos de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, previstos en los artículos 413 a 418 del Código Penal.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Madrid ya confirmó hace unos días que los correos electrónicos de Blesa no formen parte de la causa por la que Silva se enfrenta a una pena de hasta 40 años de inhabilitación y en el que también actúan como acusaciones las defensas de Miguel Blesa y de Díaz Ferrán.