Desde el 26 de noviembre de 2023, día en que el Gobierno traspasó una línea roja con el ministro Óscar Puente, quien dijo que, «sin duda», había «casos de lawfare» en España, hasta el pasado 15 de septiembre, cuando Félix Bolaños aseguró que algunos jueces «hacen política», el Partido Popular ha recabado, por orden cronológico, todos y cada uno de los señalamientos y ataques de miembros del Gobierno –incluido el presidente– y de dirigentes políticos de la izquierda contra los jueces de nuestro país.

Un recopilatorio que ha servido para fundamentar la última denuncia que la formación conservadora ha presentado ante la Comisión Europea, a la que ha tenido acceso en exclusiva LA RAZÓN y en la que le urge a mover ficha contra un «discurso de confrontación» que pone en jaque la independencia del sistema jurídico.

Como ya avanzó este diario, nada más asumir Pedro Sánchez en primera persona el discurso del «lawfare» en su última entrevista con la televisión pública, el PP puso en su punto de mira a Bruselas, la fortaleza donde cree que mueren los «atropellos» del Ejecutivo contra el Estado de Derecho. El objetivo último, en realidad, es un pronunciamiento rotundo por parte de la Comisión que sitúe al presidente socialista del lado de los dirigentes europeos más cuestionados por sus comportamientos antidemocráticos. El caso más paradigmático es el del primer ministro húngaro, Viktor Orban.

Esta vez, la maniobra consiste en una misiva que lleva la firma de Dolors Montserrat, número dos del PP europeo, y que va dirigida a dos autoridades de primer nivel: el comisario de Justicia europeo, Michael McGrath, y la vicepresidenta para la Democracia, Henna Virkkunen. A ambos, la eurodiputada popular les reclama que la Comisión de la que forman parte «actúe sin demora para salvaguardar la independencia Judicial».

En dos folios, expone un razonamiento: «Cada vez que se han producido avances judiciales relevantes que afectan al entorno del Gobierno –la instrucción contra Begoña Gómez, la imputación del fiscal general, García Ortiz, o procedimientos que han salpicado a dirigentes de la órbita del PSOE y sus socios– han ido acompañados de una oleada de declaraciones políticas deslegitimando a jueces concretos o al poder judicial en su conjunto».

En definitiva, para el PP se muestra «con claridad un patrón» en la órbita gubernamental, que ha degenerado de «mensajes aislados, como las referencias al lawfare», a una «estrategia sostenida y replicada por miembros del propio Ejecutivo», incluido ni más ni menos que su máximo responsable, Pedro Sánchez.

En la carta a la que ha tenido acceso este diario, Montserrat explica a los representantes europeos que «durante los dos últimos años, la Comisión ha emitido advertencias claras al Gobierno español en sus informes anuales, señalando los riesgos derivados de las declaraciones de responsables políticos contra jueces y fiscales».

El propio Parlamento Europeo, recuerda, «en su informe de junio de 2025, expresó inquietud por los ataques repetidos contra la judicatura en casos que se refieren al Gobierno a sus personas cercanas». Y lo que reprocha la dirigente popular ante los

comisarios europeos es que «lejos de corregir esta deriva, el Ejecutivo español ha intensificado los ataques».

Lo que antes fueron palabras aisladas de portavoces parlamentarios, ahora es toda una coreografía de casi todo el gabinete presidencial.

«Se ha llegado incluso a acusar a jueces instructores o a insinuar motivaciones partidistas en resoluciones judiciales», señala Dolors Montserrat, que advierte: «Estas conductas vulneran de manera frontal los valores consagrados en el Artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y el derecho a un juez independiente recogido en el Artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales».

En esa línea, también pone sobre aviso a la Comisión porque los ataques del Gobierno a la Justicia albergan un peligro: «El resultado es un progresivo deterioro de la confianza ciudadana en la imparcialidad de los tribunales». Porque la ciudadanía «percibe que, en lugar de respetar las reglas del juego, el Gobierno responde a los reveses judiciales atacando a los jueces».

Esa percepción, incide Montserrat ante la principal institución europea, «erosiona un principio básico de la democracia: la independencia judicial como contrapeso del poder político». Para apuntalar su tesis, rescata los últimos informes sobre el Estado de Derecho elaborados por la Comisión, que subrayan: «Los representantes públicos tienen la obligación de salvaguardar, y no socavar, la confianza en la Justicia». Además, también cita a la Eurocámara, que «ha insistido en que los gobiernos deben abstenerse de injerencias y respetar la separación de poderes».

Dos normas fundamentales que, a su juicio, se está saltando el Ejecutivo, al que acusa de un «incumplimiento» de las «recomendaciones» europeas. Y remata: «Cuando miembros del Gobierno califican de corrupto a un magistrado, tachan de aurora boreal un auto judicial o afirman sin matices que hay jueces haciendo política no solo deterioran la convivencia democrática en España, sino que sitúan al país en el radar de Bruselas por vulnerar compromisos esenciales en materia de Estado de Derecho».