Emboscada feminista de Iglesias a Sánchez

Pablo Iglesiasparece que ha encontrado la piedra que más daño puede hacerle en el zapato a Pedro Sánchez. La demoscopia que manejan tanto en Podemos como en el PSOE coincide en la reseña de que la sangría de excarcelaciones de violadores antes de cumplir su condena, por la aplicación de la Ley del sí es sí, daña más a la marca socialista que a la morada. Y a partir de esta premisa, la izquierda se enreda en sus pulsos y a estirar el chicle, aunque sea a costa de retrasar la aprobación de la reforma legal a partir de cuya entrada en vigor se volverá al sistema de penas anteriores a la Ley Montero. Urge la reforma, pero los intereses de partido pueden más que la protección de las víctimas.

Tan es así que Podemos está movilizando a su sector feminista más radical para complicarle al PSOE la jornada del Día de la Mujer, el 8-M. Poco o nada tendrá que ganar el PSOE con unas movilizaciones que hasta que Pedro Sánchez cedió el Ministerio de Igualdad a Pablo Iglesias eran terreno seguro para las siglas socialistas. El boicot en la calle que le prepara Iglesias a Sánchez en el 8-M llevó a que el PSOE se enfrentara ayer al rechazo de sus aliados a tramitar de urgencia la reforma de la Ley del «sí es sí». Los socialistas contaban con el apoyo de los votos de PP y Vox, pero los aliados rechazaron el adelanto a la próxima semana argumentando que en el acuerdo debe estar el Ministerio de Igualdad.

Igualdad no tiene prisa porque todo ha acabado encajando como mal menor para los intereses morados dentro un plan político que se sostiene en la consigna de aprovechar esta crisis para erosionar en todo lo posible a la marca socialista.

Las dos partes se debilitan, y también la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ayer por primera vez dio un tímido paso para posicionarse del lado socialista. Pero sin abandonar del todo la ambigüedad en la que se resguarda incluso en un debate tan sensible como el de la sangría de excarcelaciones de agresores sexuales.

En la semana del 8-M el PSOE va a tener poco espacio para las celebraciones. Está la alarma social por la consecuencia de una ley que cada día deja un titular más devastador para los intereses de la coalición, como la reciente liberación del «violador del portal» de Lugo hasta dos años antes de vencer su pena. Y se añade el enfado del feminismo socialista con las cesiones de Moncloa con Igualdad, en este tema o en la Ley Trans: las dirigentes socialistas más veteranas critican las consecuencias de un «feminismo de trinchera» impuesto por los morados y que ha aparcado la agenda real de los problemas de la mujer. Si Sánchez se pusiera el 8-M detrás de la pancarta tendría sobre sus espaldas el enfado de los movimientos feministas controlados por Podemos, pero también el malestar del feminismo socialista de «pata negra».

Ya el año pasado, en las celebraciones del 8-M hubo dos manifestaciones enfrentadas y se dejó ver la fractura que había generado en el movimiento la división dentro de la coalición.

En la medida en que las señales que está dejando Podemos dan a entender que no tiene ninguna prisa en llegar a un acuerdo para reformar la Ley del «sí es sí», que todo el foco se coloque en el consentimiento es también un movimiento táctico de los morados porque es lo que más puede incomodar al PSOE.

El pasado 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ministras socialistas se unieron a una manifestación en la que ya se gritó a favor de la dimisión de la ministra de Igualdad. Y eso que entonces las rebajas de penas sólo acababan de empezar y la guerra entre los socios se tapaba en la esfera pública.

Ahora, los plazos parlamentarios juegan en contra del PSOE, una vez que ha tomado conciencia de la urgencia de sacar adelante la reforma de la ley que aprobó su Gobierno. Pero, ante todo, juegan en contra de la protección de las víctimas de sus agresores sexuales ya condenados y de la mujer, por el riesgo de reincidencia de estos delincuentes. Una vez que la proposición de ley pase por el Pleno del Congreso, deberá cumplimentarse el plazo de enmiendas, una semana, y otra más para ir a ponencia y a comisión. Siempre y cuando ningún grupo provoque un retraso. A la Cámara Alta llegará a finales de marzo o abril. Con la campaña autonómica y municipal en plena ebullición.