Los empresarios avisan sobre la reducción de jornada: «Se destruirá empleo»

Hasta la patronal alternativa catalana Pimec, próxima al nacionalismo y al Gobierno, se mostró ayer preocupada por la propuesta de reducción de la jornada laboral incluida en el acuerdo de investidura entre PSOE y Sumar. La residual organización de pequeñas y medianas empresas catalana, que comanda Antoni Cañete y que se muestra favorable a la «amnistía» de los condenados por el fallido proceso secesionista, señaló ayer en un comunicado que una eventual reducción de jornada «puede impactar gravemente en la competitividad de las pymes y personas autónomas y, por tanto, en el crecimiento económico y la generación de puestos de trabajo».

Sirva el ejemplo para remarcar el malestar generalizado de los empresarios, al margen de filias y fobias, con un acuerdo de Gobierno que «pone en peligro cientos de miles de empleos», según destacaron ayer tanto la patronal nacional CEOE como la catalana Foment del Treball o la madrileña CEIM, así como la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA).

Todas ellas afearon un acuerdo programático que atenta contra una materia «reservada» a la negociación con los agentes sociales, al igual que asuntos de los que también se habla el pacto como el endurecimiento de las condiciones del despido. Los empresarios madrileños destacaron el «importante coste» que supondrá para las empresas, que verán mermada su competitividad y productividad y tendrán dificultades para aumentar los salarios. «Si se incrementan los costes salariales es imposible que podamos conseguir que las empresas ganen dinero suficiente como para incrementar los salarios», indicó ayer el presidente de Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Miguel Garrido.

Según Garrido, en un contexto económico de «ralentización del crecimiento», volver a incrementar «de manera unilateral» por parte del Gobierno los costes salariales «va a hacer que se resienta mucho la competitividad y la productividad de las empresas españolas». CEIM considera que la reducción de 40 a 37,5 horas la jornada laboral supondría un coste del 6,25% para las empresas, que se uniría a los costes por el incremento de la subida el Salario Mínimo Interprofesional, al incremento de los costes sociales y al incremento de la fiscalidad.

Foment del Treball también rechazado las medidas acordadas por PSOE y Sumar al considerar que tendrán un «impacto negativo» para las empresas, el crecimiento de la economía y la creación de empleo y coincidió en que suponen una usurpación del papel de los agentes sociales.

En un comunicado, la patronal catalana que preside Josep Sánchez Llibre consideró «grave este nuevo intento de usurpación de los ámbitos que corresponden a los legítimos representantes de empresas y trabajadores, reconocido en la Constitución». Por ello, la patronal califica de «grave la enésima utilización de la vía del decreto-ley para hurtar los necesarios debates políticos o presentación de enmiendas ante cambios legislativos sustanciales».

"Atropello constitucional"

Además, recuerda que la reducción de jornada no se puede aplicar de manera universal por la «idiosincrasia» de cada sector y las características del tejido productivo y cree que habría que compensar las horas perdidas. La patronal catalana asegura que la jornada «ha de ser flexible en función de las necesidades de cada sector y empresa y no se han de imponer unos criterios uniformes» por lo que apuesta por la «reordenación del tiempo de trabajo». Foment recordó que numerosos convenios colectivos y acuerdos de empresas fijan jornadas laborales inferiores a la jornada legal máxima de 40 horas.

El sentir de las dos grandes patronales regionales no hicieron sino replicar el de las nacionales. Así tanto CEOE como Cepyme y ATA recordaron que modificar la jornada laboral por decreto, «de espaldas a los interlocutores sociales» es un «atropello constitucional». Las tres organizaciones remarcaron que tal medida supone «un aumento de costes para las empresas, que se suma a los mayores costes de producción, de financiación y de otro tipo (cotizaciones, subida del SMI) que ya venían sufriendo», han advertido. Por último, pidieron respeto a los pactos sociales alcanzados en el diálogo social, desde la reforma laboral hasta el V Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva firmado el 10 de mayo por un periodo de tres años. «Lo contrario es un atropello al papel constitucional de los agentes sociales», denunciaron.