En busca de nuevos blindajes contra la corrupción

El Gobierno reivindica la futura Ley de Transparencia, en trámite en el Congreso, como el mejor mecanismo para intensificar la lucha contra la corrupción y evitar que los escándalos que ahora se juzgan vuelvan a repetirse. Dice que la lucha contra la corrupción debe ser una tarea compartida de los tribunales, los partidos y el Gobierno. Y recuerda que además de la citada reforma legal, que lleva aparejada la modificación del Código Penal, ha encargado un informe al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales para que proponga medidas de regeneración democrática que afectarán también a los corruptos.

Moncloa se remite a la Ley de Transparencia cuando se le pregunta por nuevas iniciativas en esta materia. En boca de todos están los Bárcenas, los Pujol... y también el Gürtel, el Palma Arena, los ERE, la SGAE...

Dicen en Moncloa que la transparencia en las ayudas, en la firma de convenios, en las licitaciones, en la ejecución de los Presupuestos, en las compatibilidades y en los sueldos servirá para evitar conductas corruptas. Ni el PP ni el PSOE consideran necesario introducir nuevos cambios en la Ley de Financiación de los Partidos ni tampoco, por ejemplo, ven útil reforzar los controles de imputados en instituciones y listas electorales. El Gobierno entiende que esto último conlleva el riesgo de presentar a todos los políticos «como sospechosos».

La ley en tramitación obliga a hacer pública, a través de las páginas web de la Administración, toda la información institucional, de organización, de planificación, de relevancia jurídica y económica, presupuestaria y estadística. Todas las personas tendrán derecho a acceder a ella en los términos previstos en la Constitución, siempre y cuando no afecte a la seguridad nacional, la defensa y las relaciones exteriores, entre otros. Y las administraciones publicarán los contratos adjudicados (identificando el objeto, los importes de adjudicación y licitación, así como las modificaciones y prórrogas), los convenios, las retribuciones de altos cargos y todas las subvenciones y ayudas públicas, con indicación de su importe, objetivo y beneficiarios. Además, obliga a que los presupuestos de las distintas administraciones incluyan una descripción detallada y datos sobre su ejecución, así como las resoluciones de la Oficina de Buen Gobierno y Conflicto de Intereses sobre las compatibilidades de altos cargos con actividades privadas.

La norma prevé, asimismo, una serie de infracciones derivadas del incumplimiento de la legislación en materia de conflicto de intereses, de las obligaciones en fondos públicos y del régimen disciplinario que debe ser aplicable a los altos cargos. Y las sanciones incluyen la destitución de los cargos públicos, la no percepción de pensiones indemnizatorias, la obligación de restituir las cantidades indebidamente percibidas y la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública estatal. En ese sentido, los autores de infracciones graves y muy graves no podrán ser nombrados para ocupar determinados cargos públicos durante un periodo de entre cinco y diez años, y se tipifican infracciones para castigar las conductas más graves que sean merecedoras de sanciones penales.

El PP también alega en su defensa que la auditoría de sus cuentas se ajusta a la legalidad vigente, y que la investigación interna de la contabilidad que ejecutaron en 2009 no evidenció ninguna irregularidad.