En septiembre se prevé resolver si se imputa a Aguirre y Cifuentes

Fiscalía Anticorrupción es quien ha solicitado al instructor que las cite como investigadas, dentro de una las piezas separadas del «caso Púnica».

El próximo mes de septiembre puede traer cierta marejada a las filas del PP, aunque las afectadas no ostenten en estos momentos ningún cargo en el partido. Ese mes es más que previsible que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón resuelva la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que se cite a declarar como investigadas a las ex presidentas de la Comunidad de Madrid y del PP de esta región Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por la presunta financiación irregular del PP regional. En concreto, afectaría, presuntamente, a las campañas municipales y autonómicas de 2007 y 2011 y en las generales de 2008. Esa investigación se lleva a cabo dentro de una de las piezas del «caso Púnica».

García Castellón se reincorporará en breve a su juzgado, tras disfrutar de unas semanas de vacaciones. Sin embargo, fuentes jurídicas consideran altamente improbable que resuelva en este mes. «Lo lógico es que lo haga en septiembre, cuando haya estudiado pormenorizadamente la petición» de la Fiscalía, presentada a principios de agosto.

Junto a esa decisión, el instructor del procedimiento también resolverá la petición de las fiscales Anticorrupción Carmen Cerdá y María Teresa Gálvez de que se lleve a cabo una «reordenación» de las distintas investigaciones derivadas de la «trama Púnica», que pasarían así de 16 a once, una tarea que el propio García Castellón les encomendó el pasado enero para impulsar esta macrocausa en la que están imputados, entre otros, el también ex presidente madrileño, Ignacio González, y el que fuera secretario general del PP de Madrid, y vicepresidente regional, Francisco Granados.

Anticorrupción solicita la citación de Aguirre y de Cifuentes precisamente en el marco de una de esas piezas, en concreto, en la que se investigan «hechos concernientes al desvío de fondos para pago de gastos del Partido Popular de la Comunidad de Madrid». El Ministerio Público sostiene que existen suficientes indicios para que se tengan que declarar Aguirre y Cifuentes como investigadas, dado los cargos que ocupaban en partido en los años a que se refiere la investigación sobre esa presunta financiación irregular del PP, las campañas municipales de 2007 y 2008 y en generales de 2008.

Uno de los informes en los que se ha basado Anticorrupción para solicitar esas declaraciones es el realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, donde se cifraba en casi cinco millones el dinero negro que, supuestamente, pagó el PP madrileño para hacer frente a gastos electorales del partido en la región en los comicios electorales citados anteriormente.

La UCO situaba a Aguirre en reuniones claves en las que presuntamente se habría negociado la financiación irregular de la formación política durante las campañas electorales de 2003, 2007 y 2011, en las que Aguirre presidía el PP de Madrid.

En cuanto a Cifuentes, la UCO también la vinculó con pagos irregulares desde Fundación Fundescam –vinculada con el PP de Madrid–a «determinados empresarios y organismos empresariales, que ingresaron en el año 2007 importantes cantidades de dinero que fueron empleadas para sufragar gastos electorales no declarados como tales».

Impulsar el procedimiento

En cuanto al objetivo de dividir la macrocausa en once piezas, Anticorrupción considera que con esa medida se simplifica e impulsa «el procedimiento, facilitando las aperturas de juicio oral por los hechos acreditados, que demandan tiempos distintos». Y eso, matizaba el Ministerio Público al respecto, «pese a la conexidad existente entre todos los delitos que se investigan, por la existencia de una trama que ha ido tejiendo en el tiempo una tupida red de influencias presuntamente utilizada para obtener beneficios ilícitos».