«En un Estado de Derecho las pruebas manipuladas no valen»

Lo de Bárcenas es para nota. Casi 20 años de covachuelista en los sótanos del PP y se convierte en multimillonario. El problema es que para estos advenedizos nuevos ricos es más importante parecer rico que serlo. Y ahí es donde al ex tesorero se le fue la pinza. Trató de aflorar su mal adquirida fortuna y de la noche a la mañana empezaron a aparecer decenas de millones de euros en sus cuentas helvéticas. Tantos que la opinión pública se mosqueó dudando mucho de que dos décadas de empleado subalterno de partido dieran para tanto. Y entonces este ex alumno de ICADE volvió a meter la pata, pues decidió chantajear a sus ex empleadores para tratar de protegerse. Primero, entregando unas hojas de cuentas manuscritas a un periódico, para luego decir que pío, pío, que él no había sido. Amago y amenazo, pero no doy. Y cuando la Justicia se mostró terca, lo siguieron, lo pillaron y lo encarcelaron, entonces donde dijo digo dijo Diego y se puso a cantar en el ansia como el galeote de Don Quijote. Y como el primer periódico no era lo suficientemente agresivo se fue a otro que pasó por alto que en un Estado de Derecho las pruebas manipuladas no valen y que el linchamiento mediático no equivale a una condena jurídica.

Mariano Rajoy es un mal comunicador, pero a un servidor le cuesta pensar que sea un sinvergüenza. Porque los «papeles de Bárcenas» hoy por hoy no constituyen un documento fidedigno. Simplemente, porque su autor jamás tuvo la intención de recoger una contabilidad escrupulosa, sino la de aderezarse un salvoconducto con retales de medias verdades. De ahí que a fecha de hoy esos papeles no tengan valor jurídico. Quizás ofrezcan indicios, pero para que éstos se conviertan en pruebas condenatorias, el juez instructor debe tratar de dilucidar qué elementos del ametrallamiento informativo de Bárcenas son verdad y qué parte se ha sacado este truhán de la manga para intentar salvar su fraudulenta fortuna caiga quien caiga. Mientras tanto el Sr. Rajoy, como cualquier español, goza como mínimo de la presunción de inocencia. Simplemente porque estamos en un Estado de Derecho. Mientras no recaiga una prueba objetiva e indiscutible sancionada por un juez y no fabricada por un presunto delincuente, un Rinconete o Cortadillo del siglo XXI, un listo avaricioso y hortera. Dejemos trabajar a los jueces y mientras tanto que el Gobierno siga sacándonos de la crisis.

*Director del Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales en la Universidad Rey Juan Carlos