
Balance
La era Sánchez en el Congreso: menos leyes y más gasto que nunca
LA RAZÓN disecciona el estado de salud de las Cortes. El presidente con menos legislación dispara el coste en 50 millones de euros

Las Cortes Generales, que integran a Congreso y Senado, tienen un Presupuesto para todo 2025 de 246.610.600 euros. Es decir, casi 250 millones de euros mientras Pedro Sánchez ha reducido la capacidad legislativa de ambas Cámaras a la mínima expresión por la debilidad de su Gobierno, que está sin fuerza para aprobar leyes y también ejerce un bloqueo sobre las iniciativas parlamentarias del PP que pueden acabar en el BOE. En la era Sánchez, el gasto de las Cortes ha ido a más mientras que la actividad legislativa ha ido a menos: es el presidente que menos leyes (orgánicas y ordinarias) ha aprobado, descontando a Leopoldo Calvo-Sotelo (no estuvo ni dos años en Moncloa), y es el que más gasta.
De hecho, en todo 2024, el Gobierno apenas aprobó 13 leyes, además de nueve decretos. Ese balance legislativo está entre los diez peores registros de los últimos 48 años de democracia en España, un reflejo de la poca productividad de este Gobierno. El Ejecutivo no tiene fuerza para legislar, pero sí tiene mecanismos para bloquear la actividad y la capacidad de iniciativa de la oposición dado que el PP tiene en tramitación casi una veintena de leyes que podrían acabar en el BOE y dar beneficio a la sociedad, pero están paralizadas por la mayoría del PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso, que es el órgano con más poder.
Así las cosas, los partidos del Gobierno ni hacen ni dejan hacer mientras han disparado los gastos de las Cortes con respecto a la etapa de Mariano Rajoy. El presupuesto de las Cortes nunca había sido tan abultado como durante la era Sánchez: con Rajoy, estaba mucho más contenido. De hecho, en 2018, último año del presidente popular, el Presupuesto se situaba en 196.773.650 euros: es decir, estaba en torno a 200 millones y ahora bordea los 250 millones (la media de ejecución suele estar en torno al 90%), y esto en menos de seis años dado que las Cuentas de 2025 son las de 2023 porque están prorrogadas.

El mayor aumento corresponde, sin duda, al Congreso, que ha pasado de 86.983.110 euros a 110.421.300 euros. El Senado ha pasado de 54.113.620 euros a 64.136.450. Y, finalmente, el presupuesto de las Cortes Generales, que integra a los funcionarios que prestan servicio en ambas Cámaras, ha pasado de 55.676.920 a 72.052.850 euros.
Por partidas, en total, el gasto de personal suma 147.252.140 euros, mientras que el gasto corriente (bienes y servicios) asciende a 70.323.700 euros. El resto de conceptos (gastos financieros, transferencias corrientes e inversiones reales) suman 29.034.760 euros.
De todo el gasto de personal, los diputados del Congreso y los senadores del Senado suman un total de 57,6 millones de euros por año (31.855.600 corresponden al Congreso y 25.804.860 al Senado). A las retribuciones, cabe sumar que ambas Cámaras cubren los gastos de los diputados y los senadores por desplazamientos.
Además, hay que recordar que los diputados y senadores tienen una asignación constitucional mensual de 3.236,32 y 3.284,91 euros al mes, respectivamente. A eso hay que añadir que cada diputado y senador que viva fuera de la Comunidad de Madrid percibe una indemnización mensual de 2.078,92 y 2.108,37 euros, respectivamente. Para los diputados y senadores que viven en la Comunidad de Madrid, esa cuantía mensual se rebaja a 992,31 y 1.005,48 euros. Esta retribución, exenta de tributación, se paga en concepto de cobertura de gastos de los parlamentarios por el ejercicio de su actividad.
A partir de ahí, los emolumentos pueden incrementarse en función de los cargos que asuma cada diputado o senador (tanto dentro del grupo parlamentario, como en órganos como la Mesa y las comisiones), ya que para cada puesto hay un tipo de complemento. Esos complementos pueden ir de los más de 3.800 euros mensuales para la presidenta del Congreso a los más de 800 euros para portavoces adjuntos de Comisión.
Para el funcionamiento de las Cortes, hay más gasto en personal y en bienes y servicios. De hecho, entre ambas partidas suman más del 80% del gasto total. En gasto de personal, hay que incluir a los asesores de los diputados y senadores (personal eventual), además de los funcionarios que prestan servicio a ambas Cámaras (hay siete cuerpos) y al personal laboral (personal médico, enfermería...). En bienes y servicios hay que incluir, sobre todo, mantenimiento y funcionamiento (material de oficina, suministros, limpieza...).
En este sentido, llama la atención cómo la era Sánchez se ha convertido en la que mayor incremento del gasto se ha producido en las Cortes cuando es justamente la etapa de menos producción legislativa. En total, Sánchez, en más de seis años ya en Moncloa, solo ha aprobado 154 leyes, menos que cualquier otro presidente, salvo Calvo-Sotelo, que se quedó en 124 dado que no llegó a los dos años en el Ejecutivo.
El Congreso está en actividad de mínimos y bloqueado por la debilidad del Gobierno: en 2024, tan solo se han aprobado 13 leyes, que es la actividad nuclear de los parlamentarios, ya que requiere de una tramitación que obliga a la negociación de enmiendas. Con Felipe González, José María Aznar o José Luis Rodríguez Zapatero se llegaron a aprobar en un mismo año más de 60 leyes. De hecho, el ejercicio más prolífico legislativamente se alcanzó en 2007 con Zapatero (72 leyes). Sánchez, pese a que lleva ya más tiempo que Mariano Rajoy en Moncloa, sigue sin superarle en número de leyes. Sí le supera en número de decretos, que es el arma que ha usado el presidente socialista para esquivar su debilidad parlamentaria dado que, con este tipo de iniciativas, el Gobierno consigue un gran atajo legislativo ya que se aprueban de inmediato, sin necesidad de tramitación ni apenas negociación con los grupos.
De momento, este año figuran una ley aprobada (aunque se tramitó en 2024) y un decreto en el balance legislativo del mes de enero, aunque el Gobierno tiene 33 leyes varadas en el Congreso, todas ellas, salvo una, enviadas el año pasado.
Además de las iniciativas legislativas, la otra gran función de la oposición es la fiscalización del Gobierno. Y Moncloa ahí también está poniendo trabas para dejar la actividad de diputados y senadores en mínimos, ya que, tanto con las preguntas por escrito que suelen formular PP y Vox para indagar sobre diversos temas, como con la Comisión de Investigación del Senado del «caso Koldo», se están encontrando con numerosos obstáculos.
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