ERC fuerza al Congreso a votar la retirada del recurso contra la consulta

El pleno del Congreso de los Diputados debatirá el próximo martes una proposición no de ley de ERC que insta al Gobierno a retirar los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Ejecutivo contra la Ley de Consultas y la consulta soberanista en Cataluña del próximo 9 de noviembre.

La iniciativa, registrada por ERC antes de que el Gobierno presentara ambos recursos ante el Tribunal Constitucional y de que la consulta fuera suspendida, ya se adelantaba a esta posibilidad y pedía al Ejecutivo que, en el caso de que ya hubiera impugnado la consulta, retirara el recurso.

En la exposición de motivos, ERC reconoce la “legitimidad jurídica” del Gobierno para impugnar las leyes del Parlamento de Cataluña aunque cree que debe prevalecer el principio de “presunción de constitucionalidad” del que gozan dichas normas, más aún cuando están avalada por el Consejo de Garantías Estatutarias.

A su juicio, la suspensión automática de la ley en el momento en que el TC admite a trámite los recursos supone un “privilegio procesal” que compromete el principio de constitucionalidad de las leyes.

Destaca además que mientras el Consejo de Garantías Estatutarias está “plenamente legitimado”, el TC arrastra un “desprestigio” a raíz de la sentencia de 2010 que anuló parte del Estatuto de Autonomía de Cataluña, “con una demora injustificable” y enjuiciando lo que previamente habían refrendado los ciudadanos catalanes.

“Dicho desprestigio y, por ende deslegitimación para enjuiciar con criterios de independencia, se consumó con el nombramiento de un presidente afiliado al PP”, denuncia ERC.

Por ello, la formación republicana pide al Congreso que inste al Gobierno a que no impugne la Ley de Consultas de Cataluña y que, en el caso de que ya lo haya hecho como así ha sido, retire el recurso de inconstitucionalidad.

Subsidiariamente, ERC reclama que se garantice la presunción de constitucionalidad de las leyes emanadas del Parlamento de Cataluña y, en consecuencia, el Gobierno renuncie al “privilegio procesal” que le otorga la Constitución de invocar la suspensión automática de la ley.