Congreso

Un error en una Ley del Gobierno amenaza una parte del sueldo de los jueces

El Ejecutivo, forzado a rectificar dos veces una norma tras excluir un complemento de hasta 3.500 euros del colectivo judicial

Puerta de entrada de la Sede General de los Juzgados en Plaza de Castilla, 1, a 13 de enero de 2025, en Madrid (España). 13 ENERO 2025 Ricardo Rubio / Europa Press 13/01/2025
Juzgados de Plaza de CastillaRicardo RubioEuropa Press

El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a protagonizar un error legislativo. Y no uno, sino dos en un mismo proyecto de ley y de una gran importancia porque afecta a las nóminas de los jueces. En concreto, en el marco de la ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que se aprobó a finales de diciembre en el Congreso y se publicó el 3 de enero en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno se olvidó de incluir a una gran parte de los jueces en la tabla salarial del complemento de destino de los miembros de la carrera judicial y eso ha puesto bajo amenaza entre 2.600 y 3.500 euros mensuales para cada togado afectado. Moncloa se ha visto obligada a rectificar inmediatamente, aunque, según fuentes judiciales y parlamentarias consultadas por LA RAZÓN, hay todavía más problemas: por un lado, porque las cifras incorporadas a la tabla del complemento de destino están desactualizadas; y, por otro lado, por el mecanismo parlamentario empleado, que puede generar inseguridad jurídica.

En este sentido, la ley se publicó por primera vez el 3 de enero sin incluir a un grupo importante de los jueces, que componen el grupo 4 y el 5 de la carrera judicial (sí se incluyeron a otros grupos de la carrera judicial, que incluyen a presidentes de Audiencia Nacional, Tribunal Superior de Justicia o Audiencia Provincial). Ya el 11 de enero, en una corrección de errores publicada en el BOE, se incluyeron a esos jueces afectados. No obstante, las cifras salariales que han aparecido en el complemento de destino para ese grupo de jueces están desactualizadas dado que son las mismas que ya había, por lo que, según informan fuentes judiciales, ya se lo han trasladado al Gobierno para que prepare una nueva rectificación en el BOE que incorpore las correcciones. De hecho, las mismas fuentes judiciales señalan que hay todavía más errores, aunque es actualizar el complemento por responsabilidad (otro concepto de la nómina).

A la espera de ver cuándo se publica la nueva corrección de errores, fuentes parlamentarias señalan que la vía escogida para hacerlo puede generar inseguridad jurídica ya que se ha incluido la parte correspondiente al complemento de destino de los jueces sin pasar por el filtro del Pleno del Congreso. Es decir, la tabla salarial del complemento del destino aprobada por todas las instancias del Congreso (el Senado vetó la ley) no incluye a ese grupo de jueces afectados y, por tanto, se puede estar «manipulando» por detrás la voluntad de la representación popular y eso, a su vez, plantea muchas dudas jurídicas.

A juicio de las fuentes parlamentarias consultadas por LA RAZÓN, es un tema muy delicado porque puede poner en problemas jurídicos al Gobierno en un momento en que los socios de Pedro Sánchez tienen en el punto de mira al colectivo judicial. Normalmente, cuando el Gobierno comete errores legislativos, que ya ha habido varios en la etapa de Sánchez en Moncloa, se espera a la siguiente ley para introducir enmiendas y corregir esas erratas aunque sea en una iniciativa diferente. Por tanto, las mismas fuentes señalan como vía más inmediata y segura para corregir estos problemas la aprobación de un decreto o una nueva ley, aunque su tramitación sería más larga.

Lo cierto es que la voluntad inicial del Gobierno tampoco era actualizar las tablas salariales de los jueces dado que no se incluían en el proyecto de ley. Se ha hecho «a posteriori» a través de una enmienda, en la fase de Ponencia en el Congreso, a petición de Sumar. En concreto, la tabla con este concepto salarial se ha incluido en la disposición final decimotercera de la Ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que está modificando realmente la Ley reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal.

No es el primer error legislativo de un Gobierno abonado a legislar de espaldas incluso a los letrados, ya que el PSOE ha desatendido en varios ocasiones las advertencias de los servicios jurídicos de las Cortes. Seguramente, el error que mayor eco tuvo fue la ley del «solo sí es sí», que ha acabado generando efectos contraproducentes porque ha beneficiado penalmente a muchos violadores.