Escolta policial para la juez Alaya tras el acoso sindical

El juez decano pide protección ante la relevancia de las causas que instruye

La jueza Mercedes Alaya acudió ayer al juzgado vigilada por agentes de paisano
La jueza Mercedes Alaya acudió ayer al juzgado vigilada por agentes de paisano

La jueza que investiga los ERE fraudulentos subvencionados por la Junta de Andalucía acudió ayer, como es habitual, en taxi a los juzgados. Lo que se salió de la norma es que agentes de paisano la acompañaron hasta su entrada al edificio judicial, donde había citado en calidad de imputados a tres personas: un ex alto cargo de CC OO y las mujeres de dos miembros de UGT.

La solicitud de escolta policial ha sido una iniciativa del juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, después de la concentración de sindicalistas a las puertas del juzgado del pasado jueves. Miembros de UGT y CC OO profirieron gritos e insultos contra la instructora y corearon consignas de apoyo a los detenidos dentro de la segunda fase de la «operación Heracles», que ese día pasaron a disposición judicial. «Alaya pepera, métete en la lechera» o «Alaya, fea» fueron algunas de las proclamas que se escucharon a las puertas de los juzgados.

Esta medida no ha sido la única promovida desde los juzgados de Sevilla. Los jueces de Instrucción de la capital andaluza se reunieron el lunes de manera extraordinaria y consensuaron un comunicado de apoyo a la titular del Juzgado número 16. En él, entre otras cosas, advertían de que «las críticas, insultos, presiones, coacciones e intimidaciones y, en su caso, falta de colaboración, no pretenden otra cosa que socavar, en beneficio de unos pocos, uno de los pilares del Estado Social y Democrático de Derecho y constituyen un flagrante incumplimiento de la Constitución».

Ajena a esta presión, Alaya continúa desbrozando el caso. En un auto emitido el pasado lunes, ha fijado una fianza de un millón de euros al ex director general de Presupuestos Buenaventura Aguilera. Hay que reseñar que a su antecesor en el cargo le impuso una medida para resarcir los posibles perjuicios causados de 46,6 millones de euros.

Alaya parte de la premisa de que la responsabilidad del «saqueo» de las arcas públicas andaluzas es compartida entre los altos cargos que idearon un sistema fraudulento de concesión de ayudas y aquellos que se beneficiaron económicamente del mismo. Ese planteamiento es el que sustenta las imputaciones de cargos y ex altos cargos de la Junta de Andalucía frente a las tesis de las defensas que sólo admiten posibles irregularidades administrativas, que no deberían dirimirse en una causa penal. Sin embargo, la magistrada del «caso de los ERE» sitúa el origen del fraude en la «rama política» y sus actuaciones se centran en delimitar la responsabilidad de todos aquellos que tuvieron relación con la partida fraudulenta.

La fianza impuesta a los dos ex directores generales de Presupuesto es una muestra de la responsabilidad de la Consejería de Economía y Hacienda en el fraude, de ahí la imputación de la ex consejera y ex ministra Magdalena Álvarez y la «pre imputación» del ex presidente andaluz José Antonio Griñán.

Hoy está previsto que continúe con la «rama política» del caso. Está citado a declarar el ex viceconsejero de Empleo Justo Mañas. Durante su mandato, saltó el escándalo de los ERE, pero fue más tarde cuando la Junta dejó de utilizar el sistema presuntamente ilegal de concesión de ayudas.