España-Argelia: dos años de crisis y muchos interrogantes

El Gobierno se vio obligado a última hora de la tarde de ayer a cancelar in extremis – después de que Argel esgrimiera «problemas de agenda»– la visita que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, iba a llevar a cabo hoy a Argelia para intentar cerrar los casi dos años de crisis diplomática con el país norteafricano y más de tres y medio de desencuentros sucesivos con las dos potencias vecinas del Magreb. El encuentro se planteaba como un reto de demostrar que el Gobierno de Pedro Sánchez es capaz de mantener simultáneamente vínculos diplomáticos fluidos y estables con dos países que, por su parte, rompieron relaciones en 2021.

Las cosas habían comenzado a torcerse entre el Gobierno español y la monarquía marroquí a finales de 2020, se agravaron con las resistencias del Ejecutivo a seguir los pasos de Trump en su reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara y tocaron fondo en la primavera del año siguiente, cuando el Ejecutivo de Sánchez autorizó el ingreso en España, para ser tratado de Covid-19, del líder polisario Brahim Ghali y la crisis migratoria de Ceuta.

El inopinado giro diplomático español en el Sáhara Occidental, plasmado en una carta dirigida por Sánchez al rey Mohamed VI –misiva de cuyo envío no tuvieron constancia ni los socios gubernamentales de UP ni el resto del Parlamento– en marzo de 2022 , en la que el presidente se adhería a los postulados de Rabat en el conflicto por la soberanía de la antigua colonia española, permitió que Marruecos enterrara el hacha de guerra e hiciera las paces con el Gobierno de España.

Pero el apoyo de Sánchez a la propuesta de autonomía para el Sáhara bajo soberanía de Rabat abrió de manera automática a partir del 18 de marzo de 2022 –fecha elegida por el Palacio Real marroquí para hacer pública la citada carta del presidente del Gobierno al monarca alauí– una crisis bilateral con la otra potencia del norte de África, y principal patrocinadora del Frente Polisario.

El veto a las empresas españolas

Casi tres meses después de retirar a su embajador en Madrid, el 8 de junio de 2022 Argel suspendía el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación firmado con España en 2002. Un día después, la Asociación Profesional de Bancos y Entidades Financieras (Abef) decidía «congelar» las operaciones financieras con las empresas españolas: empezaba el boicot de las autoridades argelinas a los exportadores e inversores de nuestro país. Un veto que ha costado a las empresas españolas más de 1.500 millones de euros –algunas de esas empresas trataron de paliar los daños tratando de vender sus productos a través de terceros países– y que Argel –que lo negó siempre– sólo ha comenzado a levantar en las últimas semanas con el fin a las restricciones a la importación de productos avícolas y carne roja desde España.

Argel evitó comprometer los acuerdos suscritos entre Sonatrach –el gigante magrebí de los hidrocarburos– y Naturgy para la importación de gas, pero convirtió a Italia en su socio energético principal –junto a Alemania y Francia– en un momento estratégico clave para Europa en detrimento de España, a pesar de que la Península contaba con los mimbres para haber sido el «hub» de la interconexión euro-africana.

La visita de Albares a Argel –aplazada sin fecha– iba a ser observada sin duda con la máxima atención desde Marruecos. No en balde, es celebrado en los medios oficiales de Rabat como el ministro más filomarroquí del Gobierno, imagen que contrasta con el perfil de bestia negra que pesó sobre su predecesora, Arancha González-Laya, a la que se culpó personalmente de la entrada de Ghali a España.

Deshielo en la ONU

El mayor interés para Rabat estaba en las palabras que Albares pudiese dedicar al conflicto del Sáhara y en la posibilidad de que se distanciase del apoyo a la propuesta de autonomía. No en vano, uno de los elementos que ha acelerado el deshielo en las relaciones hispano-argelinas fueron las palabras de Sánchez ante la Asamblea General de la ONU en septiembre, cuando se manifestó a favor de una solución para el conflicto «mutuamente aceptable» y enmarcada en la Carta de Naciones Unidas, lo que Argel vio como una rectificación y vuelta a la neutralidad en el conflicto.

En todo caso y a pesar de los indicios que apuntan a una progresiva vuelta a la normalidad, ambos gobiernos deben a la opinión pública una explicación sobre qué negociaciones y acuerdos han permitido poner fin a la indisimulada indignación del régimen militar con el Gobierno español. El plácet del Ejecutivo al nuevo embajador argelino fue confirmado en noviembre, pero, a pesar de su trascendencia, Albares evitó hacer alusión pública sobre la buena nueva.

A corto plazo, en el frente argelino Albares y Sánchez tienen ante sí el reto de traducir la normalización diplomática –Argel no ha revocado la suspensión del Tratado de Amistad con España– en el final definitivo del veto a las empresas españolas, muchas de las cuales siguen esperando tras largos meses de impotencia. Y lograr que la nueva etapa en las relaciones con Argelia no sea percibida como una afrenta desde Rabat, dados los frentes abiertos, desde la necesaria cooperación migratoria hasta el bloqueo de la apertura de las aduanas comerciales con Ceuta y Melilla.