La estafa online de venta de móviles desde Don Benito queda en manos de la Audiencia Nacional

El Tribunal Supremo (TS) ha asignado al Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional la investigación de una presunta estafa online de venta de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos que habría cometido una empresa de Don Benito, en Extremadura, al existir cientos de clientes perjudicados en todo el territorio nacional.

La Sala Penal resuelve así el conflicto de competencias entre ese tribunal y el Juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad extremeña, que inició la causa. Cada uno de ellos argumentaba que era el otro el que debía encargarse de la investigación.

Tal como propugnó el Ministerio Fiscal, el alto tribunal ha establecido que es la Audiencia Nacional el órgano competente dada la complejidad de la instrucción. En este caso, las dificultades no vienen determinadas por la defraudación, sino por el alto número de perjudicados, que se encuentran por todo el territorio nacional. Además, existen investigaciones iniciadas en diferentes comunidades autónomas, a través de organismos como el Instituto de Consumo, las consejerías, las organizaciones de consumidores y usuarios, que requiere de una mayor coordinación para que la investigación sea eficaz.

El Juzgado de Don Benito incoó diligencias previas por un delito de estafa a través de internet a raíz de denuncia interpuesta por una de las múltiples víctimas al haber comprado a través de la web "costomovil.es" un dispositivo electrónico que pagó y no recibió. Posteriormente, se registraron cientos de denuncias similares.

El Juzgado decidió inhibirse en favor de la Audiencia Nacional argumentando que eran miles los perjudicados procedentes de varias comunidades autónomas, con una ingente cantidad de asuntos recibidos diariamente por correo postal, lo que obligó a la oficina de dicho órgano judicial, que tan solo contaba con dos scanner, a realizar la laboriosa y dilatada tarea en el tiempo de incorporar al expediente digital cientos de procedimientos.

Por su parte, el Juzgado 3 de la Audiencia estimaba que la competencia era del de Don Benito porque es allí donde se encuentra el domicilio social de la empresa titular de la página web a través de la que se ha cometido presuntamente el engaño, y está próximo al domicilio de las personas investigadas (también en la provincia de Badajoz), por lo que se cumpliría el principio de "facilidad de investigación".

El Supremo se decanta por la Audiencia Nacional porque la Ley determina que conocerá de las defraudaciones que puedan producir un perjuicio patrimonial a un gran número de personas en el territorio de más de una Audiencia. Recuerda al respecto que el Juzgado extremeño informó de que las diligencias ya ocupan más de 250, con varios cientos de víctimas en todo el territorio nacional.