Estas son las razones detrás de las multas que antiviolencia propone para 38 manifestantes de La Vuelta

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado este miércoles elevar a 38 personas propuestas de sanción por alteraciones registradas durante las jornadas finales de la pasada Vuelta Ciclista a España. El Ministerio del Interior detalla que los incidentes se concentraron en las cuatro últimas etapas y que todas las actuaciones se enmarcan dentro de la Ley 19/2007, orientada a preservar la seguridad y la convivencia en eventos deportivos.

Las multas oscilan entre 1.500 y 5.000 euros, dependiendo de la gravedad de cada conducta, y se acompañan de prohibiciones de acceso a recintos deportivos que pueden alcanzar los doce meses.

La participación del equipo Israel-Premier Tech en la ronda fue el detonante de concentraciones de protesta que, según los informes policiales, derivaron en cortes de calzada, lanzamiento de objetos y desobediencia a las indicaciones de los agentes, lo que obligó a neutralizar tramos de recorrido y a retrasar la salida de la etapa final.

Sanciones que buscan disuadir nuevas interrupciones

Organismos oficiales han instruido expedientes individualizados que califican las infracciones como leves o graves, priorizando la identificación de quienes protagonizaron actos más disruptivos. La Comisión ha subrayado que la medida no limita el derecho a la manifestación, pero sí garantiza que su ejercicio no ponga en riesgo a corredores, organizadores ni al público asistente, al tiempo que protege la imagen internacional de una prueba WorldTour.

De materializarse, además de las sanciones económicas, los afectados deberán afrontar la prohibición de presenciar competiciones ciclistas oficiales en España durante un período que irá de los seis a los doce meses.

La Comisión Permanente, integrada por representantes del Consejo Superior de Deportes, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la RFEF, LaLiga, la ACB y la Fiscalía General del Estado, revisará el cumplimiento de estas propuestas en sus próximas reuniones ordinarias. El objetivo, según el comunicado oficial, es consolidar un protocolo de actuación rápida que disuada conductas similares en pruebas de alto impacto y preserve la celebración de eventos deportivos en un clima de seguridad y respeto.