Estrategia frente a la amnistía: línea directa entre Génova y dirigentes socialistas

Las negociaciones se multiplican entre el PSOE y sus socios. Pero también se están produciendo significativos movimientos en el otro flanco, en el de los críticos hacia un pacto de investidura de Pedro Sánchez que se sostenga en una amnistía para el independentismo. Todo se intenta llevar con la máxima discreción posible, en un entramado de relaciones que se tejen bajo cuerda y sometidas a la expectativa de conocer la letra del acuerdo al que pueda llegar el propio Sánchez con el expresidente de la Generalitat de Cataluña, fugitivo de la Justicia española, Carles Puigdemont. Fuentes solventes confirman que desde la dirección del PP hay contactos abiertos con dirigentes de la órbita del Comité Federal socialista, dentro de la cuota de los que son elegidos directamente en el Congreso Federal. Esa línea directa también está abierta con el sector crítico que ya se ha posicionado en público en contra de las negociaciones que Moncloa ha puesto en marcha con Junts, ERC y el PNV para sacar adelante la votación parlamentaria que mantenga a Sánchez en La Moncloa.

El nombre socialista en activo que más claramente se ha señalado como dique constitucional y contrario a un pacto que amenaza con quebrar el principio de igualdad, básico para la izquierda, es el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Pero desde otra baronía socialista, que todavía no se ha desmarcado de la línea oficial, también hay vías de diálogo con los populares. Y, por supuesto, también con el entorno del expresidente del Gobierno Felipe González.

El sentido de estos contactos trasciende la confrontación partidista y se sostiene en la idea compartida de que los resultados electorales del pasado 23J han colocado el tablero político en una situación endiablada, y el pacto de Moncloa con Junts puede suponer una alteración de los equilibrios territoriales y hasta del orden constitucional.

El plan es ir ensamblando una comunión de posiciones que faciliten, llegado el caso, activar algún tipo de reacción contestataria contra una cesión, la de la amnistía, que, al margen del debate constitucional, se considera como una quiebra de los cimientos de la democracia y de la convivencia.

Este socialismo silente, pero en alerta por los pasos que se están dando en este sentido desde Moncloa, se mantiene muy activo fuera de los focos, pero ha tomado la decisión de permanecer así, en la sombra, hasta que haya un acuerdo con Puigdemont y se conozca el texto concreto del pacto. De llegarlo a haber.

Los movimientos internos son los que más desestabilizan al presidente del Gobierno en funciones, si bien en su entorno descartan que en el partido haya nadie que tenga la fuerza suficiente como para frenar las decisiones que se tomen tanto en Moncloa como en Ferraz.

En estos dos núcleos de poder socialista insisten en que todo lo que se llegue a acordar con nacionalistas e independentistas estará dentro de la Constitución, pero en la parte crítica con la estrategia de Sánchez advierten de que ir en contra del principio de la igualdad, en este caso ante la Justicia, supone un atentado contra los principios básicos del socialismo y de la izquierda que el PSOE no puede permitirse ejecutar, ni siquiera para conseguir conservar el Gobierno de España. Sería tanto como acometer una mutación de los elementos constitutivos del PSOE para dar barra libre a los enemigos de la Constitución.

Las negociaciones se encuentran en una fase de confusión, donde nadie se atreve a dar por hecho si habrá o no un acuerdo. La parte socialista lo ve más probable, aunque no esté hecho. Desde Junts rebajan las expectativas o, dicho de otra manera, siguen en su estrategia de encarecer el pacto. Pero, en realidad, todos esconden sus cartas y tiran de farol para tratar de despistar al adversario y, sobre todo, a aquellos con los que están negociando.

Moncloa se mantiene fiel a su estrategia de enfriar el debate público y mirar hacia otro lado ante los puentes que su política está levantando entre el PP y los críticos con el «sanchismo». Desde los dos lados, el popular y el socialista, atribuyen a este diálogo un sentido de Estado, que se echa en falta en la dirección del PSOE, y también un ejercicio de responsabilidad institucional.

La investidura de Feijóo, fallida, salvo sorpresa de última hora, será el punto de inflexión porque, una vez se supere, a Moncloa le entrarán las prisas por adecentar un acuerdo con sus socios que permita a Sánchez ser propuesto por Felipe VI. Los puentes entre populares y socialistas críticos atienden a la defensa de la Constitución, de la igualdad, de la Monarquía parlamentaria, que también ven amenazada si Puigdemont toma el control del Gobierno de España, y de una convivencia que se sostiene, precisamente, en ese principio de la igualdad.

No pasan por alto que la pugna entre ERC y Junts no solo encarece el acuerdo, sino que convertirá la legislatura, de llegar a ponerse en marcha, en un campo de minas para el constitucionalismo, pero también para lo que ha representado el Partido Socialista desde su refundación con Felipe González al mando.