Estupor en el Supremo por las recusaciones del fiscal general: «Se suma a la tesis del ‘‘lawfare’’»

Un «error gravísimo» impropio de un fiscal general del Estado. Así califican fuentes del Tribunal Supremo (TS) la decisión de Álvaro García Ortiz de recusar a los magistrados que tienen que decidir sobre su continuidad en el cargo. Una iniciativa que ha causado perplejidad en el alto tribunal, donde las fuentes consultadas consideran que de esta forma se suma a «la tesis del ‘‘lawfare’’».

En el Supremo aseguran que a un fiscal general «se le presume un cierto señorío» y «un respeto a los tribunales de justicia», algo que echan en falta en el incidente de recusación planteado por el fiscal general del Estado.

«Es un error gravísimo. Es sumarse a la tesis del ‘‘lawfare’’», aseguran. «Me parece impropio», añaden evidenciando su desazón por el hecho de que el máximo representante del Ministerio Público cuestione la imparcialidad de magistrados del Tribunal Supremo, una decisión de la que –según afirman– no ha precedentes. Y es que en los últimos años ha sido Carles Puigdemont quien ha protagonizado iniciativas de este tipo, recusando hasta siete veces al magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa del «procés» y en varias ocasiones a magistrados de la Sala Penal.

Las fuentes consultadas tienen dudas incluso de que el fiscal general esté legitimado para plantear la recusación, dado que ha dado el paso a título personal, y no a través de la Abogacía del Estado, en un procedimiento en lo que se cuestiona es la decisión del Gobierno de nombrarle para el cargo. Al verse afectado por esa decisión, explican, podría en su condición de codemandado sumarse a la posición de la Abogacía del Estado pero no está tan claro que pueda hacerlo, subrayan, a título individual.

Ahora, la Sección Cuarta debe decidir si acepta la recusación planteada y se aparta de la resolución del recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), lo que previsiblemente no sucederá, en cuyo caso habrá que designar un instructor que tramite el incidente de recusación, sobre el que se pronunciará la Sala del 61 del Tribunal Supremo, integrada por el presidente interino del alto tribunal, Francisco Marín, por los presidentes de cada Sala y por los cinco magistrados más antiguos y los cinco más modernos del alto tribunal.

APIF: "Como un cortijo"

El presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ha llevado hasta el Supremo el nombramiento de García Ortiz, considera «especialmente grave» que el fiscal general «hurtase al Consejo Fiscal una de sus competencias» al negarse a debatir la posible incompatibilidad para el cargo de fiscal de Memoria Democrática de Dolores Delgado. «Tu presides el Consejo Fiscal, pero no eres el Consejo Fiscal», asegura a LA RAZÓN Miguel Pallarés, para quien García Ortiz «utiliza el Consejo Fiscal como un cortijo». «No es agradable como fiscal ver lo que está pasando, porque se traslada una imagen de la institución al margen de la legalidad», lamenta.

«Habrá que ver en qué términos se expresa el Tribunal Supremo en la sentencia», afirma Pallarés, que cree que «en el momento en que se notifique, el Gobierno debería ejecutarla de forma inmediata». Y anticipa que si propusiese de nuevo a Delgado pese a que la mayoría del Consejo Fiscal apreciase incompatibilidad, «incurriría en prevaricación».