ETA crea un grupo que promete pisos a los presos cuando salgan

La situación del colectivo de presos de ETA (EPPK, por sus siglas en euskera) se encuentra al borde de la ruptura, de la desobediencia de las órdenes de la «dirección» y con muchos reclusos dispuestos a acogerse a las medidas de reinserción, según expertos antiterroristas consultados por LA RAZÓN.

Los cabecillas de la banda, además de utilizar su habitual método de «ordeno y mando» (enviaron a primeros de verano una circular en la que prohibían las salidas individuales y la ruptura de la disciplina), han adoptado otras medidas con el fin de tener entretenidos a los reclusos y hacerles concebir esperanzas de que en breve conseguirán la libertad o, al menos, el traslado a cárceles del País Vasco y Navarra.

Además de un posible «gesto simbólico» de desarme, se han adoptado una serie de iniciativas, como la creación de la organización Harrera Elkaltea, para que sus representantes asistan a homenajes de víctimas causadas por la banda, como gesto de buena voluntad que debería ser correspondido por el Gobierno.

Contra el Gobierno

Dentro de esta estrategia que maneja Sortu, decidieron, al cumplirse el décimotercer aniversario del asesinato del empresario José María Korta, enviar a los actos a uno de sus máximos representantes en Guipúzcoa, José Ángel Aguirre, quien manifestó públicamente: «la izquierda abertzale se mueve y hace aportaciones para alcanzar la paz y la democracia, en contraste con el inmovilismo de otros».

Con este «gesto», en opinión de los expertos, se pretendía transmitir a los presos que una negociación con el Gobierno, aunque fuera indirecta, a través de terceros, es posible gracias a los gestos de Sortu y que, por lo tanto, se podría lograr la modificación de la política penitenciaria. En caso contrario, la culpa seria del Ejecutivo.

Harrera Elkartea ha sido presentada a los presos de ETA, y a los que han abandonado la cárcel tras cumplir condena, como una especie de ONG que va a solucionar todos sus problemas, en especial los relativos a su integración social y laboral. Se les dice que se ocuparán de buscarles vivienda, ayudas, dinero para que saquen el carné de conducir e incluso para que se puedan pagar el dentista.

En su página web, que se puso en marcha el pasado mes de agosto, Harrera Elkartea dice que nace de la reflexión de «varios ex presos políticos vascos» ya que, «como consecuencia del conflicto vivido en Euskal Herria, son muchas las personas que han tenido que pasar por la cárcel y el exilio, lejos de sus familiares, amigos y de su entorno cultural, social (...) y al salir de la cárcel tenían que hacer frente por sí solos a esa nueva situación, sin más ayuda que la que les proporcionaba su entorno más cercano (familiares y amigos). Vista la situación, nos pusimos manos a la obra, ayudar a quien vuelve de la cárcel o del exilio para que pueda reintegrarse en la sociedad de una manera digna».

Entre las ayudas que se ofrecen, además de las antes citadas, está la jurídica, «con la que cubrir los trámites administrativos que necesariamente han de cumplir para legalizar su situación»; la médica, en general; los «contactos internacionales» y, sobre todo, las económicas y laborales.

Harrera Elkartea pide voluntarios y subraya que necesita, sobre todo, «gente que sepa idiomas, con conocimientos de informática, artistas, abogados, psicólogos, médicos y trabajadores sociales». Lo más curioso es que aseguran que todo esto se financiará con las aportaciones de socios, con una cuota anual de 60 euros. Las referidas fuentes subrayan que con la desmovilización general que sufre la «izquierda abertzale», puesta de manifiesto en las últimas manifestaciones que se han convocado, pensar que los militantes vayan a poner de su bolsillo esa cantidad es una quimera, por lo que las fuentes de financiación tendrán que venir de otro lado. Es decir, con unos fondos que nadie sabe de dónde provienen, los terroristas, al abandonar la prisión, tendrían derecho a unas ayudas de las que carecen la mayoría de los españoles, en especial los que se encuentran en paro y han dejado de percibir percepciones económicas para subsistir.

ETA pretende, por todos los medios, que la disciplina de su colectivo de reclusos no se rompa y trata de mantenerles unidos con la promesa de que, en un espacio no demasiado largo, logrará, al menos, su traslado a cárceles del País Vasco y Navarra, como paso previo a su liberación.

Sin embargo, este tipo de expectativas, repetidas demasiadas veces, provocan el efecto contrario entre los reclusos, que ven acercarse, un año más, las Navidades, sin que la prometida, todos los años «operación almendro» (vuelve a casa por Navidad) se cumpla por fin.