«Las exhumaciones en el Valle de los Caídos atentan contra la libertad religiosa»

Marina Benayas, nieta de una de las 133 mujeres que hay enterradas en el Valle de los Caídos, quiere dejar claro que su empeño primero es «no buscar problemas» y que su deseo es que el Valle de los Caídos sea un «lugar de reconciliación nacional», pero no olvida. Ni puede.

Marina pudo al fin localizar los restos de Delfina Hernández, su abuela, gracias a la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC), cuyo presidente, Pablo Linares, uno de los mayores conocedores de los entresijos de Cuelgamuros, encontró sus datos en los archivos del recinto. El 15 de julio de 2019, cumplido su deseo de llevarle «una corona de flores en un día muy emotivo», Marina cerró en parte las heridas de una tragedia familiar durante la Guerra Civil que casi termina con la familia Benayas, oriunda de Novés (Toledo).

Marina, representada por la ADVC, que litiga por detener las exhumaciones en marcha en el Valle desde el pasado junio, acaba de presentar una demanda en la Audiencia Nacional a través de la Fundación Española de Abogados Cristianos porque considera que estos trabajos vulneran el «derecho fundamental a la libertad religiosa». La organización de juristas que actúa en su nombre solicita al juzgado medidas cautelarísimas, ya que argumenta que «para hacer pruebas de ADN, están removiendo los cadáveres sin la autorización de sus familiares», como ya reclamó la ADVC el pasado septiembre.

El Gobierno ordenó reanudar las exhumaciones de los restos de 118 víctimas de la Guerra Civil en la basílica «sin crear falsas expectativas» debido a la complejidad de los trabajos derivada del estado de las criptas. Desde ese 12 de junio se han recuperado e inhumado los restos de 12 víctimas en Pajares de Adaja (Ávila), dos de ellas no identificadas, y continuaban en Cuelgamuros sin que hayan trascendido nuevos hallazgos, aunque una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Madrid ha anulado la licencia de obras que concedió el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, fallo que el Gobierno va a recurrir. No obstante, ya ha provocado la paralización de los trabajos previstos en la Capilla del Santísimo, una vez abandonada la tarea en la del Sepulcro, donde se buscaban más de 70 restos del total de 128 que reclaman sus deudos siguiendo la estela de la autorización judicial que la familia de los hermanos Lapeña logró en 2016, imposible de ejecutar hasta ahora por diferentes pleitos.

Según ha sabido este diario, los forenses siguen yendo a la basílica, pero en número muy reducido. Tal como ha dictaminado la Justicia, su labor no se inició conforme a la legalidad, pero su desarrollo hasta ahora apunta a que no han encontrado lo que buscaban o se ha demostrado un empeño más complicado de lo que pensaban.

Recoge el escrito presentado por Abogados Cristianos que «la imposibilidad técnica de llevar a cabo exhumaciones en la Basílica ha sido acreditada por el Ministerio de Justicia», como se demuestra en un informe del 15 de febrero de 2011, de manera que «en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, deberían tomarse medidas únicamente de reparación de carácter simbólico y moral».

Recuerdan los juristas que el «derecho a recibir digna sepultura forma parte del derecho fundamental a la libertad religiosa y comprende el cumplimiento de los ritos, celebraciones, tratamiento del cadáver y sepultura», que las obras de exhumación «vulneran», pues se ha demostrado «que la inhumación de los hermanos Lapeña en el Valle de Cuelgamuros es solo una posibilidad y no una certeza; y, en segundo lugar, se ha demostrado que la identificación de los restos de los Lapeña se torna una labor casi imposible, y todavía más complicado sería asegurar que dichas exhumaciones no provocasen la reubicación de restos de otras personas allí inhumadas sin su consentimiento».

Con «la mera necesidad de tener que realizar las pruebas de ADN a los cadáveres (lo que implica cierto grado de profanación), se está incurriendo en una vulneración de un ejercicio de la libertad religiosa», señala Abogados Cristianos, subrayando que «para realizar estas pruebas no han solicitado consentimiento a los familiares» de las otras personas enterradas allí.

Y por último se hace hincapié en las conclusiones del informe forense de 2011, que acredita el «movimiento de restos óseos de unas capillas a otras diferentes que no han sido recogidas en los libros de registro iniciales», por lo que «la posibilidad de conocer el número de restos óseos que lo componían es muy limitada», así como otro factor relevante y recurrente: las «fracturas de los columbarios de madera» debido al «deterioro» por la «acción de la humedad en el interior de las criptas y/o capillas».

«Otro ataque del Gobierno de Sánchez»

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, cree que «esto es otro ataque del Gobierno de Pedro Sánchez al Valle de los Caídos por varios motivos: su inquina a la cruz más grande de la cristiandad y, por otro lado, para desviar la atención de su proyecto para romper España».

«Lo único que queremos es que se respeten nuestros símbolos, nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestros derechos fundamentales, uno de los más importantes y que está siendo atacado de forma reiterada: el derecho a la libertad religiosa», asegura Castellanos.

«Contemplar el silencio frío del ayer debería habernos enseñado a no volver a dividir España», apunta por su parte Marina Benayas.