La lucha contra el terrorismo y el auge del nacionalismo han puesto en jaque en repetidas ocasiones a los gobiernos que han regentado España. Es cierto que los partidos nacionalistas -algunos incluso regionalistas en sus inicios- siempre buscaron el aumento de sus beneficios fiscales, económicos o territoriales por las vías diplomáticas, sin embargo, en el caso de España la lucha armada ha obtenido su cuota de protagonismo bajo el paraguas del régimen democrático.

Aunque las acciones terroristas tienen su origen en los grupos anarquistas del siglo XX, el camino de la fuerza y de la violencia ha sido reproducido con un gran empeño tanto en el País Vasco como en Cataluña. El 7 de junio de 1968, todavía en el régimen franquista, ETA comenzó su actividad, que duró más de 40 años hasta el Gobierno de Zapatero, en la que terminó con la vida de más de 800 personas, entre los que destacan el asesinato de Luis Carrero Blanco o el martirio de Miguel Ángel Blanco que terminó con su vida.

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Gracias al miedo y las amenazas ETA obtuvo un gran poder en el País Vasco y condicionó la política española y la vida de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma, unas maniobras que arrastran las consecuencias hasta la actualidad en el País Vasco.

Desde la década de los 70, diversos ciudadanos que no comulgaban con la ideología de la banda criminal tuvieron que abandonar su tierra para preservar su vida. Según asevera un estudio realizado por el CEU San Pablo, más de 180.000 personas han dejado sus pertenencias, lo que ha provocado una limpieza ideológica y una catástrofe demográfica que han aupado a Bildu al Congreso de los Diputados.

La pérdida demográfica y el impacto económico

Ya no solo el cambio en el panorama político que ha sido constante, los impactos demográficos y el campo económico han sido devastados por la sombra de ETA y el impacto del petróleo en una población concentrada en las fábricas.

Según asevera el informe académico tanto la crisis en la industria como a niveles fiscales se vieron "amplificadas por el terrorismo etarra que provocó una gran inestabilidad que llevó a empresarios, directores o ciudadanos a huir del País Vasco". Para tomar constancia del impacto, la aportación vasca al PIB de España ha caído de un 7,8 % hasta un 5,5% en 2022.

A pesar de que con el paso de las décadas la presión de ETA ha disminuido, la región vasca ha seguido perdiendo población entre los años 2008 a 2021. Según el documento, a fecha de 1 de enero de 2022 en el territorio vasco habitaba un 18,1% menos personas nacidas en España de 45 a 49 años que las de 0 a 4 años que había en 1977. Es decir, que las personas que se tuvieron que marchar por las presiones no han regresado en la actualidad se encuadran en un 9% a niveles generales.

Respecto a la pérdida de población, el informe sentencia que "es de menos volumen que en los 'años de plomo'" pero que no se explica en una región rica que debería "obtener una mayor inmigración en vez de perder a su población".

La persecución ideológica a flor de piel

Más allá de los números y el contexto histórico que provocó la salida de las personas, los testimonios cierran el círculo. El último capítulo del documento ha sido reservado para los desplazados que coinciden en que la razón principal de su marcha fue la presión y el miedo que infundían los miembros de ETA.

Por otro lado, el sentimiento de pertenencia ha desaparecido de las personas que tuvieron que dejar sus casas. El exparlamentario valora Fernando Maura valora que "es bastante difícil cualesquiera que sean las medidas que se pretendan adoptar" para volver a su tierra natal. Manuel González-Barandiarán, ex director de “La Gaceta del Norte fallecido, sentenció que "las instituciones deberían trabajar para evitar la diáspora de las nuevas generaciones", ya que las anteriores no tenían ningún tipo de apego.

"Se aprovecharon de la sacudida del árbol para participar con ventaja en todos los procesos electorales en el País Vasco mientras los partidos no nacionalistas no concurrían en igualdad de condiciones y se las deseaban para poder presentarse porque sus candidatos eran amenazados o asesinados. En segundo lugar, otro gran provecho se concreta en la alteración fraudulenta del censo electoral. En mi opinión irreversible", sentencia Carlos Fernández de Casadevante, antiguo Catedrático en de la Universidad del País Vasco.