Opinión

Fachas, machistas y heteropatriarcales

Los jueces encabezan la lista de agraviados de este Gobierno

Los zapatos de varios jueces durante el acto de apertura del año judicial 2022-2023 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) | Fuente: Jorge Gil / Europa Press
Los zapatos de varios jueces durante el acto de apertura del año judicial 2022-2023 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) | Fuente: Jorge Gil / Europa PressJorge GilEuropa Press

Si le cuento a mi padre, que era abogado, que los jueces van a la huelga, se me levanta de la tumba. Los magistrados son poderes del Estado, su huelga es como poner al rey en paro, o a los senadores o ministros. Han hecho otros paros antes, casi uno por titular de la Cartera de Justicia, pero siempre de un día e irrelevantes, porque la sentencia que hoy no se firma, se firma mañana y ya está. Pero es que sus señorías están –y con razón– hasta las mismísimas puñetas.

Los jueces encabezan la lista de agraviados de este Gobierno. Todo comenzó con los ataques de Podemos, que considera su deber sustituir todos los poderes por los del partido, como en la Unión Soviética.

Para los morados son «reductos carcas» los medios de comunicación, las escuelas concertadas y desde luego, el poder judicial. Lo han vendido por activa y pasiva. Y el discurso lo ha comprado la izquierda en el Gobierno. Los ataques a los jueces por la ley del «sólo sí es sí» han llegado a lo superlativo cada vez que Irene Montero o Pam establecían que eran ellos los culpables de las rebajas de condena y las excarcelaciones de agresores sexuales que, en realidad, dictaba el texto de la lamentable reforma. «El machismo –afirmaba la ministra– puede nublar la imparcialidad e integridad de los sistemas de justicia y puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa». Montero ha abogado en repetidas ocasiones por reforzar la formación obligatoria en igualdad de los magistrados.

En ese tira y afloja, la ministra Pilar Llop, que se incorporó a la política a través del Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid y es especialista en violencia de género, ha resultado ser la enemiga número uno. Hace meses que está en paradero desconocido y apenas ha prestado atención a la negociación con los letrados de Justicia. De los funcionarios y sus paros «pasa» ostensiblemente y ha parecido de aurora boreal que haya hecho sus declaraciones sobre el anuncio de la huelga indefinida de los jueces vestida de flamenca en la Feria de Sevilla, con florón rojo en la cabeza y zarcillos de lámpara visigoda. Si pretendía demostrar indiferencia y desprecio, lo ha conseguido. Los sindicatos han pedido su dimisión.

Los jueces tienen motivos de queja. La judicialización de casi todo, desde los conflictos familiares a los enfrentamientos políticos y el surgimiento de nuevos delitos que requieren muchísima atención administrativa y policial (violencia de género, bullying escolar, mobbing empresarial) han multiplicado los pleitos sin que los medios mejoren. Una visita a los juzgados es un paseo por pilas de documentos hacinados, pasillos repletos y trabajo a destajo. La justicia va lenta y está desbordada. Frente a todo esto, sólo recibe el desprecio institucional. Seguramente porque el PSOE y Podemos interpretan que renta más electoralmente ponerse contra los jueces que a su favor.

El día 3 hay un encuentro con los representantes del Ministerio de Justicia y los de Hacienda del que depende todo. No es cierto que los jueces hayan determinado ya ir a la huelga. Esperan una propuesta. La razón por la que ha entregado por escrito fechas y duración de la iniciativa es simplemente una cuestión de plazos. Si fuese necesario ir al paro el 16 de mayo, los pliegos han de estar registrados ahora. Esperemos que se alcance un acercamiento entre las partes. No es un problema electoral ni una simple cuestión de sueldos de los jueces. Es un peso para los ciudadanos, que padecen los litigios, que a la huelga de letrados y funcionarios se sume ahora la de magistrados.

En palabras del responsable de Justicia de Comisiones Obreras, Luis Calero a la Agencia Efe: «No puede ser que todos los colectivos estemos en un error y la ministra lleve razón. Es casi seguro que será al revés».