El personaje

Fernando Galindo: El guardián de la amnistía

El letrado mayor del Congreso fue vocal del grupo municipal socialista en la junta de Chamartín cuando Sánchez era concejal

Ilustración Fernando Galindo
Ilustración Fernando GalindoPlatónLa Razón

Le ha dado un sonoro plantón a la delegación de la Comisión de Venecia, órgano con gran autoridad jurídica del Consejo de Europa, que viajó a Madrid para reunirse con miembros de ambas cámaras legislativas y recabar información previa a su informe sobre la ley de la amnistía. Pese a ello, el letrado mayor y secretario general del Congreso, Fernando Galindo, no consideró oportuno recibir a los comisionados y, amparado por la Mesa de la Cámara Baja, dónde el PSOE y Sumar tienen mayoría, trasladó el encuentro a la Comisión de Justicia encargada del dictamen sobre la discutida y polémica medida de gracia. El PP se opuso con rotundidad en la votación al entender que Galindo es un actor principal en su tramitación y podría ofrecer muchas explicaciones técnicas y jurídicas sobre la controvertida norma. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, auténtica mentora del letrado mayor por indicación directa de Pedro Sánchez, y el grupo socialista se negaron a ello y recordaron otra visita de la Comisión de Venecia en el año 2014 para conocer la ley de seguridad ciudadana, siendo remitidos a la Comisión de Interior.

El portavoz socialista, Patxi López, y el del grupo popular, Miguel Tellado, mantuvieron un duro enfrentamiento en la reunión de la Mesa. López defendió que no era necesaria la presencia de Galindo con los comisionados de Venecia por no tener que dar «opiniones políticas» sobre la amnistía, mientras que Tellado lo consideró «decisivo» dado que el informe de Galindo es preceptivo y esencial para allanar la tramitación de la ley. Miguel Tellado recordó que en 2014 los comisionados sí fueron recibidos por el letrado mayor y secretario general del Congreso, ante el silencio de Francina Armengol, que se alineó claramente con el PSOE. El PP está muy indignado con la actuación de la presidenta, a quien considera una fiel aliada del «sanchismo», con escasa imparcialidad para desempeñar su cargo como tercera autoridad del Estado. «Armengol tiene que dar explicaciones sobre la ausencia del señor Galindo, pues una vez más se oculta información sobre todo lo que rodea la tramitación de esta ley inconstitucional», advirtió Tellado. Sus protestas fueron en vano y los delegados tan sólo se vieron con el ministro Félix Bolaños y con los diputados de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja.

A su llegada al Congreso recibieron un breve saludo de Francina Armengol y se quedaron sin el encuentro con Fernando Galindo, a pesar de haberlo solicitado, dado que es figura esencial por haber elaborado el primer informe jurídico previo a la tramitación de la ley, que provocó muchas divergencias con otros letrados de la Cámara contrarios a una norma que consideran inconstitucional y contraria al Estado de derecho. Así, algunos de ellos solicitaron el traslado al Senado y otros organismos institucionales. En la Cámara Alta, dónde el PP tiene mayoría absoluta, la delegación de Venecia sí se reunió con su presidente, Pedro Rollán, durante más de una hora, y con los senadores de todos los grupos parlamentarios. La figura de Fernando Galindo ha sido polémica desde su nombramiento como letrado mayor y secretario general del Congreso por parte de la presidenta Francina Armengol, a indicación expresa de Pedro Sánchez. Ello provocó también la dimisión del interventor de las Cortes Generales, Luis de la Peña, en total desacuerdo «por los modos y maneras» empleados en su cargo. En medios parlamentarios destacan su sectarismo, como prueba el haber echado al jurista de la Comisión Constitucional Manuel Fernández-Fontecha, muy crítico con la amnistía y quien denunció los pactos entre el PSOE y JuntsxCat por considerarlos contrarios a la Carta Magna.

Fernando Galindo y Pedro Sánchez se conocen desde hace muchos años, pues ambos estudiaron en el Instituto madrileño Ramiro de Maeztu y jugaron juntos en su equipo de baloncesto, el Estudiantes, cuya fundación todavía hoy preside su padre, Fernando Galindo Perdiguero. El actual letrado mayor fue vocal del grupo municipal socialista en la junta de Chamartín cuando Sánchez era concejal y, tras varios cargos en la Junta Electoral Central, fue nombrado director General de Cooperación Autonómica y Local, y después subsecretario en el Ministerio de Política Territorial con Isabel Rodríguez.

Fernando Galindo Elola-Olaso es licenciado en Derecho y Economía por la Universidad Carlos III de Madrid y pertenece al cuerpo de Letrados de las Cortes Generales desde 2010. Su vinculación con el Gobierno se plasma también en su participación como coordinador técnico en la Comisión Bilateral con la Generalitat de Cataluña. El PP ha mostrado su total rechazo a su puesto como letrado mayor, mientras Francina Armengol le defiende a capa y espada por ser «un buen jurista, con perfil técnico, joven y progresista».

Su llegada al cargo provocó la salida del anterior secretario general, Carlos Rodríguez-Vicén, y la de su actual pareja, Mercedes Cabrera, como directora general de Relaciones con las Cortes, mano derecha del secretario de Estado, el dirigente socialista madrileño Rafael Simancas, para evitar un conflicto de intereses. Con tan solo 41 años, quienes le conocen admiten su formación jurídica, pero resaltan su cercanía al PSOE y al propio Pedro Sánchez, cuya amistad viene de lejos, pues compartieron clases en el Ramiro, canchas de baloncesto en el Estudiantes y se consolidó en el Ayuntamiento de la capital. En la Mesa del Congreso, los diputados del PP votaron en contra de su elección, algo que nunca había sucedido pues el cargo de letrado mayor siempre se ha adoptado por unanimidad. Galindo salió elegido con los votos socialistas y de Sumar, mientras que para el portavoz popular, Miguel Tellado, es un puesto a dedo de un personaje afín al PSOE para dar el visto bueno al primer trámite de la ley de la amnistía. Pese a todo, Galindo afirma «no ser un político» para justificar su plantón a la Comisión de Venecia, que deberá elaborar un informe sobre una ley cada días más polémica y encallada en el Parlamento.