El fin de año de García Ortiz: seis días de juicio y sentencia antes de Navidad

Álvaro García Ortiz afronta los dos meses más decisivos de su carrera. Desde mañana, el fiscal general del Estado se sienta en el banquillo del Tribunal Supremo (TS) acusado de haber filtrado datos reservados del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El juicio al máximo representante del Ministerio Público se prolongará durante las dos próximas semanas -inicialmente están previstas seis jornadas, la mayoría en sesiones de mañana y tarde-. El día 13 quedará visto para sentencia. A partir de ese momento, según las fuentes consultadas, la intención del tribunal que preside el magistrado Andrés Martínez Arrieta es no demorar en exceso la sentencia, por lo que previsiblemente el fallo se conocerá en el mes de diciembre.

La resolución que adopte la Sala, de mayoría conservadora pero de ponente (la encargada de redactar la sentencia) progresista, la magistrada Susana Polo, marcará el futuro profesional, pero también personal, de García Ortiz, que afronta peticiones de condena de hasta seis años de prisión y doce de inhabilitación por revelación de secretos (los delitos de prevaricación y de infidelidad en la custodia de documentos también están sobre la mesa, este último de forma subsidiaria).

La primera jornada del juicio, que arranca a las diez en el Supremo, estará marcada por la declaración de cuatro fiscales. En primer lugar, Julián Salto, que fue el encargado de investigar por fraude fiscal a González Amador, a quien la defensa del empresario envió el 2 de febrero del pasado año un correo admitiendo el fraude tributario parar llegar a un pacto de conformidad. Es la filtración de esta comunicación, precisamente, la que las acusaciones le achacan al fiscal general, que defiende que al reclamar el intercambio de mensajes con el abogado del novio de Ayuso solo pretendía desmontar el bulo, esparcido por el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, de que el ofrecimiento de acuerdo había partido del fiscal y que se había frenado desde la Fiscalía General del Estado por tratarse de la pareja de Ayuso.

El testimonio de Pilar Rodríguez

También testifica mañana la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, a quien García Ortiz reclamó el 13 de marzo de 2024 -de forma "frenética", según el instructor- la cadena de correos que Salto (a quien llegaron a sacar apresuradamente por la noche del palco del estadio Metropolitano durante un partido de Champions) intercambió con la defensa de González Amador en la negociación de ese posible acuerdo (por el que a cambio de admitir los hechos y devolver el dinero defraudado se rebaja la petición de condena). Pilar Rodríguez estuvo imputada en esta causa hasta el final de la instrucción.

Igualmente, comparecerá ante el tribunal la fiscal superior de Madrid, que se opuso a la pretensión del fiscal general de divulgar esos correos para explicar cómo se habían producido las negociaciones entre ambas partes mediante una nota pública que efectivamente fue difundida por la Fiscalía Provincial al día siguiente. Su testimonio es uno de los que el magistrado Ángel Hurtado, instructor de la causa y que envió al banquillo a García Ortiz, consideró claves (junto a los de la exasesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera y de González Amador y su abogado, Carlos Neira). Hasta el punto de que aseguró que resultaban "de tal potencia" para apuntalar los indicios contra el fiscal general que frente a ellos su alegato de defensa quedaba descartado "por exclusión" o su interpretación de su versión de los hechos "no convence".

Otro fiscal que también llegó a estar imputado en esta causa, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, "mano derecha" de García Ortiz, está también citado a declarar como testigo en la primera jornada del juicio, en la que en la sesión de tarde se escuchará igualmente el testimonio de los responsables de comunicación de la Fiscalía General del Estado, María del Mar Hedo, y de la Fiscalía Provincial de Madrid, Íñigo Corral.

Ya el martes, ante la Sala testificarán González Amador y su abogado, Carlos Neira, y Miguel Ángel Rodríguez, el ex secretario de Comunicación Francesc Vallés (el instructor llegó a involucrar a Moncloa en la filtración, aunque la Sala le enmendó la plana). En la jornada del miércoles se escuchará en el Supremo a Pilar Sánchez Acera y al exlíder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, así como a varios periodistas.

Testigo clave sobre el borrado de los mensajes

En la segunda semana del juicio, a partir del día 11, declararán como testigos media docena de periodistas, el decano del ICAM (que ejerce la acusación popular), Eugenio Ribón, y la fiscal jefa de la Inspección, María Antonia Sanz. También lo hará el delegado de protección de datos de la Fiscalía General del Estado, el fiscal del Tribunal Supremo Agustín Hidalgo, quien tendrá que esclarecer si el borrado de los mensajes de su móvil por parte de García Ortiz -el mismo día en que se abrió la causa penal contra él- y la eliminación de sus correos electrónicos estaban amparados por un protocolo interno de seguridad para protección de datos en el seno de la Fiscalía General del Estado.

El día 12, tras la comparecencia de doce agentes de la UCO, tres de ellos como peritos (los autores de los informes clave que atribuyen a García Ortiz una participación "preeminente" en la filtración), se escuchará por fin al fiscal general del Estado, que pidió declarar en último lugar, y que si el tribunal le autoriza lo hará desde estrados y no desde el banquillo cara a cara con los siete magistrados que le juzgan.

El juicio quedará visto para sentencia el día 13 con los informes de defensas y acusaciones, que antes tendrán que exponer sus conclusiones definitivas (en el caso de las acusaciones particular y populares, sus peticiones de condena y por qué delitos, salvo en el improbable caso de que alguna de ellas retire la acusación tras las pruebas practicadas en la vista oral).