El fiscal general avala que siga la investigación contra la cúpula de ETA por el crimen de Miguel Ángel Blanco

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha decidido someter a debate de la junta de fiscales de Sala -la treintena de fiscales de mayor rango del cuerpo- que se celebrará este jueves el tema sobre la prescripción de los delitos en el caso del asesinato de Miguel Ángel Blanco reabierto en la Audiencia Nacional. El documento emplaza a que la decisión sobre si se puede condenar o no al etarra Ignacio Miguel Gracia Arregui(«Iñaki de Rentería»), por la posibilidad de que los hechos ya no sean perseguibles y estén caducados, se tome en una fase posterior, lo que en la práctica supone que la investigación debe seguir adelante, según aclaran fuentes fiscales.

En el borrador de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (órgano asesor de García Ortiz) -al que ha tenido acceso LA RAZÓN- se explica que el pronunciamiento «sobre la prescripción de los hechos investigados en el sumario 9/1997 seguido ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional [el caso de Miguel Ángel Blanco] se determinará en el momento procesal oportuno». Se trata de un documento que se someterá a debate en la junta de fiscales y que da respuesta a la duda que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, había planteado.

El enredo sucedió al borde de la declaración de los dirigentes de ETA Miguel Albisu Iriarte (alias «Mikel Antza») y María Soledad Iparraguirre (alias «Anboto»), el pasado 20 de julio. El fiscal que estaba a cargo del caso, Vicente González Mota, no acudió al interrogatorio después de tener diferencias internas con su jefe sobre si estarían prescritos los hechos por los que el juez Manuel García Castellón reabrió la causa en marzo del pasado año. González Mota era partidario de seguir adelante porque, para él, el plazo de los 20 años para que no se pueda perseguir el secuestro no había agotado.

La posición de la Fiscalía General es ahora similar a la que tuvo la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que había desestimado el recurso de «Renterías» en el que pedía que se declarase prescrita la investigación. El que fuera jefe de ETA recurrió en apelación la decisión del juez de investigarle sorteando el plazo de prescripción de 20 años que establece el Código Penal. Los magistrados señalaron que ese debate tendrá que ser en una fase posterior a la investigación.

Las fuentes consultadas en el Ministerio Público explican que la intención con este escrito es «agotar la instrucción» y no paralizar en ningún caso el proceso en el que las víctimas puedan conocer la verdad.

El objetivo es, por tanto, que el juez siga adelante con la causa y ya en la fase previa al juicio se decidirá si se califican y de qué manera los delitos resultantes de la instrucción. Sobre la prescripción, por tanto, todavía hay partido. Así lo determina el borrador que maneja la Fiscalía General: «una vez haya sido recabado todo el material probatorio y documental que pueda coadyuvar a conformar una tesis concluyente».

En julio de 2022 el juez García Castellón acordó reabrir este procedimiento, iniciado a raíz de una querella de la Asociación Dignidad y Justicia.