Un fiscal general en el banquillo: un bochorno para la institución

La Constitución española integra en su artículo 124 al Ministerio Fiscal dentro del Poder Judicial, con autonomía funcional, y le encomienda la misión de promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social.

Los principios por los que se rige, y que la Carta Magna consagra, son los de unidad de actuación y dependencia jerárquica, pero estos son instrumentales de los dos principios esenciales, el de legalidad y el de imparcialidad.

Las altas funciones que la Constitución atribuye en la defensa de los derechos de los ciudadanos y de la independencia judicial exigen de la institución mantener la neutralidad y conservar e incrementar el crédito institucional, huyendo de cualquier posicionamiento partidista y de cualquier situación que haga malograr la imagen que de la Justicia tienen los ciudadanos y afianzando su confianza en ella.

Sin embargo, en estos últimos tiempos el crédito reputacional de la Fiscalía está en entredicho, pese al buen quehacer diario de los fiscales, por la situación procesal de Álvaro García Ortiz, a la sazón fiscal general del Estado, que va a ser enjuiciado ante el Tribunal Supremo, sin haber dimitido del cargo, por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos.

Más allá de lo que el alto tribunal resuelva sobre la actuación del fiscal general en los hechos objeto de enjuiciamiento, lo cierto es que ética y estéticamente no fue acertada su decisión de salir en tromba a «ganar el relato» en un asunto cuya trascendencia mediática/política venía determinada por cuestiones ajenas al presunto delito cometido por el autor. No es función del fiscal ganar relatos, sino aplicar la ley con imparcialidad y rectitud.

Ese comportamiento que resulta al menos éticamente reprochable es el que compromete ahora a toda la institución. Por eso, la Asociación de Fiscales ha solicitado reiteradamente a Álvaro García Ortiz que presentase la dimisión, que nos evitase el bochorno de verle sentado en el «banquillo de los acusados» mientras sigue ostentando el cargo, pues su empecinamiento en mantenerse en el mismo ha convertido lo que debería ser un juicio al ciudadano Álvaro García Ortiz en un juicio al fiscal general del Estado con el daño que a la institución ello supone.

Ejercer su defensa procesal dimitido del cargo hubiera sido un acto de respeto a la institución y a los que en ella desempeñan su labor, porque el ejercicio de ese derecho de defensa puede, en su caso, generar una tensión indeseada con la función que tiene encomendada de defensa de la independencia de los tribunales.

Razones para la dimisión hay, como sobradas son las razones que justificarían introducir en los proyectos de reforma del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal actualmente en tramitación una causa de cese del fiscal general del Estado cuando se abra juicio oral contra el mismo por el Tribunal Supremo. Pero, a día de hoy, ni lo uno ni lo otro esperamos.