El fiscal general calla sobre la amnistía y elude la defensa de los fiscales del "procés"

El fiscal general del Estado esgrime la división de poderes y la necesidad de evitar "cualquier injerencia" para eludir un pronunciamiento público sobre la futura ley de amnistía. Los fiscales del "procés" le habían pedido por carta que defendiera la actuación del Ministerio Público de las acusaciones de "lawfare" -utilización torticera de la Justicia con fines políticos- del independentismo y de la fiscalización de la labor de jueces y fiscales por el Parlamento que incluye el acuerdo de PSOE y Junts a cambio del apoyo de la formación de Carles Puigdemont a la investidura de Pedro Sánchez.

Pero Álvaro García Ortiz -a quien la mayoritaria Asociación de Fiscales reclama su dimisión- elude un posicionamiento público sobre ambas cuestiones y replica a los fiscales del "procés" -Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena- que el Ministerio Fiscal "debe respetar el principio de separación de poderes" y evitar "cualquier injerencia en las funciones constitucionalmente atribuidas a cada uno de los tres poderes del Estado".

En la misiva remitida por los cuatro fiscales del Supremo a García Ortiz -adelantada por El Mundo y a la que ha tenido acceso LA RAZÓN-, le instaban a pronunciarse públicamente "en defensa de la institución y de la imparcialidad de la actuación jurisdiccional de los miembros del Ministerio Público" en los procesos que el independentismo considera utilizados con fines políticos.

Los fiscales del "procés" hacían referencia expresa al pacto PSOE-Junts sobre la ley de amnistía, que prevé la constitución de comisiones parlamentarias para -recalcan- "evaluar las actuaciones de los órganos judiciales y del Ministerio Público" en esos procedimientos por "tan graves hechos delictivos", abriendo la puerta a posibles "acciones de responsabilidad contra quienes legítimamente y en el ejercicio de sus funciones defendieron la legalidad constitucional".

Pero García Ortiz argumenta que "cualquier posicionamiento" de la Fiscalía sobre la futura ley de amnistía "exige conocer la definitiva norma que la regule una vez forme parte de nuestro ordenamiento". Y deja claro que, en todo caso, la opinión de la Fiscalía se articulará "a través de los cauces estatutarios y en los procedimientos en los que se demanda nuestra intervención". Según asegura, el fiscal debe mantener "una posición pública que refuerce el principio de imparcialidad" del Ministerio Fiscal y su "objetividad e independencia".

La carta de los fiscales: "Control político sobre el poder judicial"

García Ortiz señala que la defensa de la legalidad, a veces "en las más difíciles condiciones", es un mandato imperativo de la Fiscalía y garantiza que, como fiscal general, "velará siempre por la autonomía" de los fiscales en el desempeño de su actuación.

Los fiscales del "procés" trasladaron a García Ortiz su "especial preocupación" al considerar que el acuerdo del PSOE con Puigdemont "anula el principio de separación de poderes y cercena de raíz la independencia judicial". Según exponían la revisión de las decisiones jurisdiccionales por otro poder del Estado "no es admisible en un Estado democrático y de Derecho", por lo que supone un "intento de establecer un control político sobre el poder judicial".

Suponer, dicen, que la actuación jurisdiccional fue injustificada y obedeció a motivaciones políticas representa "una quiebra absoluta de los valores constitucionales que inspiran nuestra democracia, en particular de la justicia, el pluralismo político y la igualdad ante la ley".

"Ataque a la institución"

Los cuatro fiscales del Tribunal Supremo reclamaban a García Ortiz que expresase públicamente la "defensa de la institución y de su actuación imparcial y ajustada a la ley" frente a las acusaciones de "lawfare", algo que consideraban no podía soslayar ante una situación "especialmente grave" -como finalmente ha hecho- escudándose en que la ley de amnistía no ha entrado en vigor, puesto que según recalcaban lo que solicitaban era "un pronunciamiento sobre el texto de un acuerdo que ya existe y ha sido publicado".

Un posicionamiento en el que García Ortiz, en suma, defendiese "a quienes como miembros de esta institución ejercen sus funciones con responsabilidad, con imparcialidad y con sujeción a la legalidad en los procesos penales" sobre los que el independentismo extiende una sombra de sospecha. Y es que, recuerda en esa misiva, en todo momento actuaron de acuerdo a la legalidad y con imparcialidad, "con el conocimiento y beneplácito de la Fiscalía General del Estado", por lo que arrojar sobre ellos sospechas de una supuesta "actuación ilegal" es un "ataque a la institución que debe ser objeto de respuesta inmediata por el fiscal general del Estado como cúspide de la carrera fiscal".

Los vocales pertenecientes a la Asociación de Fiscales han solicitado al sucesor de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía que convoque de forma extraordinaria un Consejo Fiscal para que el órgano consultivo de la carrera se pronuncie sobre la ley de amnistía.