El fiscal general del Estado pide dejar trabajar "en paz" a la teniente fiscal en el informe sobre Tsunami

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sabe que está en el ojo del huracán. Hoy ha intentado salir al paso de la polémica por el cambio de criterio del fiscal de la Sala Penal del Tribunal Supremo (TS), Álvaro Redondo, sobre la causa de Tsunami Democràtic. En un documento previo, sí veía indicios de terrorismo, pero en el informe que llevó a la Junta de Fiscales no lo vio tan claro. Ante la controversia, el órgano apoyó por una amplia mayoría la existencia de indicios y la imputación de Carles Puigdemont por delito de terrorismo. Frente a quienes le acusan de estar detrás de este cambio, García Ortiz aseguró que solo le dieron cuenta de este último texto, el definitivo que se trasladó a la Junta de Fiscales de la sección del alto tribunal. «Lo demás, por supuesto, son especulaciones», aseguró ayer en Barcelona. Y recalcó: «El fiscal general no miente».

Defendió su posición en poco más de diez minutos. «Para mí, solamente hay una referencia a un informe que se eleva a la Junta de Fiscales de sala y del que me da cuenta el señor Álvaro Redondo. Ignoro e ignoraba la existencia del anterior informe», reiteró y dijo que se enteró por la prensa del documento previo en el que Redondo valoraba los hechos en un sentido opuesto. El dictamen lo solicitó el TS tras recibir la exposición razonada que elevó el juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García-Castellón. En su escrito, el instructor de la causa de Tsunami Democràtic señala a Carles Puigdemont en la cúpula de esa organización, que estaba detrás de los graves altercados de 2019 en la capital catalana, cuando se conoció la sentencia del «procés». También imputó al diputado Rubén Wagensberg (ERC), ahora fugado a Suiza, como ya hizo Marta Rovira. Al ser ambos aforados -Puigdemont es europarlamentario-, elevó la causa al Supremo, que es el competente en estos casos.

Para García Ortiz, el texto inicial de Redondo era un «documento de trabajo» que negó conocer y precisó que este tipo de textos se encuadran en «la absoluta privacidad del ámbito en que se realizan». Sobre la filtración del mismo, consideró que «si se ha traicionado ese compañerismo», hay un «problema» porque significa que «hay que ir con cuidado» porque «va a trascender». Esa privacidad es «un tesoro en cualquier organización», aseguró.

Pero el problema que tiene que afrontar es la división y la controversia sobre si hay que imputar a Puigdemont por delitos de terrorismo, como sostuvo la mayoría de los fiscales del Supremo. Insistió en que los instrumentos de la Fiscalía funcionan». El reto, ha dicho, es dar con un criterio común. «Tenemos que armar en la Fiscalía esa unidad de criterio, sea cual sea». Y aseguró que la discrepancia se resuelve «a través de nuestros órganos estatutarios» en el que prima la jerarquía, es decir, queda en manos de la teniente fiscal, María Ángeles Sánchez Conde que es «la número uno real de la carrera». y pidió que la dejen «trabajar en paz» y adelantó que desconoce el sentido de su pronunciamiento. «Tiene el muy difícil encargo de resolver las discrepancias que, como en cualquier otra institución, ocurren en la Fiscalía española», señaló. Y sobre las dudas que plantean desde la propia carrera fiscal sobre la injerencia del Ejecutivo, sostuvo que «si no reconocemos en nuestros superiores y en nosotros mismos esa profesionalidad, estamos en el camino equivocado». Cuando se le preguntó por las declaraciones del presidente del Gobierno, que aseguró que en el «procés» no hubo terrorismo, no quiso opinar y enmarcó ese pronunciamiento en la libertad de expresión y que no se sentía «interferido».

Según confirman fuentes que estuvieron presentes en la reunión, que comenzó sobre las 13.30 horas y duró cerca de una hora, el fiscal general se ha centrado en exponer diversas iniciativas. Sin que nadie sacara el tema, aseguró a sus compañeros catalanes que no había influido en la elaboración del informe de Redondo.

García Ortiz también habló ante la prensa de la compilación de causas amnistiables que encomendó hace unos meses a los fiscales de Cataluña, una tarea en la que la Fiscalía Superior ha desempeñado un papel clave junto a las distintas fiscalías provinciales. Tal como ha admitido, se trata de un proceso «complicado», lento y arduo, que requiere de una intervención manual. «Hay causas archivadas, hay causas pequeñas que están en los juzgados, hay ejecutorias que ya no tenemos a nuestra disposición y hay que bajar a los archivos a por ellas», resumió. El trabajo de contabilidad está lejos de concluir y, sin aventurar una fecha de cierre o un número aproximado, se comprometió a informar en detalle los datos una vez haya culminado este proceso. Cataluña es la primera comunidad que visita desde su segunda toma de posesión.