El fiscal general se reúne de urgencia con representantes de la abogacía por la polémica de la revelación de secreto

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, mantuvo este viernes una reunión de urgencia con representantes del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y el Consejo de la Abogacía después de que desde el órgano colegiado se denunciase que la Fiscalía de Madrid habría podido incurrir en un delito de revelación de secretos tras difundir un posible pacto de conformidad con el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Díaz Ayuso.

En el encuentro también estuvo presente la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández. Según fuentes jurídicas que han hablado con LA RAZÓN, Rodríguez se atribuyó la responsabilidad de un comunicado que la el ICAM y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) han considerado "muy grave". Esto porque, sostienen, vulnera el deber de sigilo que debe mantener todo fiscal en el ejercicio de sus funciones y el secreto profesional que protege al letrado de González.

"Las propuestas emitidas y no ratificadas por un letrado en defensa de los intereses de su patrocinado no pueden ser desveladas por el Ministerio Fiscal", recordó la Apif. Pidieron, además, al fiscal general que trasladase a todas la fiscalías del país la orden de dar cumplimiento a su deber de sigilo.

En la nota la Fiscalía madrileña comunicaba que "el único pacto de conformidad, con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal" que ha existido hasta la fecha en relación a la pareja de Ayuso es el que propuso el abogado de González al fiscal del caso el pasado febrero.

Fuentes de la Fiscalía General refieren que la intención de este comunicado era aclararcómo fue la cronología de la negociación que han llevado a cabo la representación legal del empresario y el Ministerio Público, después de que en distintos medios de comunicación se publicasen correos electrónicos entre el fiscal del caso y el abogado.

El lunes la Junta de Gobierno del ICAM se reunirá con la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, a las 17:00 horas de la tarde para fijar y posteriormente emitir una opinión respecto a las explicaciones dadas por la Fiscalía de Madrid y la General del Estado.

Desde el Consejo General de la Abogacía ha señalado en un comunicado como legítimo que la Fiscalía informe de hechos ya aparecidos en medios de comunicación, pero, advierten, estas no deben exceder en ningún caso las facultades que en cuanto a informar le atribuye la legislación. El límite se sitúa, recuerdan, en que en el traslado de información a la prensa por parte del Ministerio Público no se pueden revelar datos que puedan perjudicar al investigado en el proceso.

Piden, tras lo acontecido, que se constituya una comisión entre la Fiscalía General y el Consejo para la revisión y actualización del Protocolo de actuación en juicios de conformidad.

La AF pide la dimisión del fiscal general

Dada la gravedad de estos hechos y debido al daño que causan en el prestigio y la imagen del Ministerio Fiscal, la Asociaciónde Fiscales (AF) ha pedido al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que dimita. “La AF exige la inmediata dimisión del FGE cómo máximo responsable de estos hechos”, señala en un comunicado.

“De haberse producido la filtración por algún miembro de la Fiscalía se habría vulnerado de forma grave, como mínimo, la ética que debe presidir su actuación”, destaca.

La organización ha recordado que el derecho de defensa se puede ver vulnerado con “indeseadas filtraciones”, como la que ha afectado al empresario Alberto González. Por ello, ha señalado que el deber de reserva afecta a los letrados defensores,“pero también e incluso con mayor motivo al Ministerio Fiscal como garante que es de la legalidad y la imparcialidad en los procedimientos judiciales”, subrayó.